El desafío de integrar Tarija

La Asamblea Departamental aprobó la semana pasada en grande y en detalle la Ley de redistribución de recursos de regalías, estableciendo el principio de reparto en función de la provincia en que se produce la mencionada regalía.

Como porcentaje de referencia se tomó el 45% que desde la Ley 3038 de 2005 recibe de forma directa en sus cuentas la mencionada cantidad. Así se asignó el 38% de forma directa para Arce y O’Connor, dejando un 7% para las provincias no productoras, y “el resto”, para la Gobernación.

La Ley tiene poco recorrido, pues el propio gobernador Óscar Montes ha manifestado sus dudas y señalado que la remitirá al Tribunal Constitucional antes de su promulgación, algo que es evidente: la Constitución Política establece la prelación de leyes y en esas, tanto la Ley Nacional como el Estatuto Regional del Chaco están por encima de la Ley Departamental, por lo que no hace falta ser un avezado jurista para entender donde acabará, pues indistintamente de lo que se opine del contenido, es menester cumplir las normas. Así los asambleístas deberían haber concentrado esfuerzos en hacer derogar esa Ley Nacional – que seguramente no hubiera sido tan difícil – y de paso, el Estatuto Regional del Chaco, que dados los resultados, hay varios líderes en la gestión que también los consideren necesario.

Más allá del destino de esta Ley, los debates han puesto al descubierto bastantes inconsistencias. El uso del porcentaje, 45%, olvida que en realidad responde a un Pacto Fiscal Departamental en el que una región tradicionalmente olvidada y con vocación independiente, obtiene el derecho a administrar de forma directa una parte de los recursos haciendo una suerte de promedio entre territorio y población de la Región respecto al resto del departamento ya en los años 90.

Este cálculo a la vez “traiciona” la literalidad del concepto de “regalía”, que es un reconocimiento económico para remediar el daño ocasionado por la actividad extractiva, es decir, el 100% y no el 45%, el 55%, el 38% o el 7%, se debería invertir en el lugar donde están los pozos.

En el hábil manejo de la política, este concepto se ha ampliado como para señalar que son para hacer inversiones que reduzcan la dependencia y eso es una “remediación” social, pero lo cierto es que el reparto en porcentajes cada vez más reducidos no ha servido para resolver estructuralmente los problemas de Tarija, que necesitan enfocarse desde la perspectiva departamental.

Aunque solemos fustigarnos con devoción, lo cierto es que hay una suerte de bases sembradas en el departamento – gracias a las regalías – que tienen que ver con los cultivos de alto valor y un compromiso con el turismo y el buen vivir. Los límites tienen que ver con la logística y la capacidad de escalar la producción – tanto del vino, la haba, los frutos rojos o la carne de llama – con inversiones hidrológicas y mecanismos de protección. Debemos ser capaces de elevar la calidad de nuestros servicios, de la salud y la educación, para atraer y ser referencia. Es urgente que los representantes se sienten y enfoquen el futuro. No todo ha sido tan malo, pero hay que gestionar la estructura con inteligencia. Cuartear el presupuesto en pedacitos, desde luego, no parece que sea la estrategia más propicia.