La cara del narco en Bolivia
La guerra por el control del territorio es evidente, pero la amenaza es que la delincuencia conexa desborde en las ciudadades como ha sucedido en Perú y Ecuador
Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón (Beni), fue ejecutado en la plaza principal del municipio tras recibir 32 disparos, según confirmó el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera.
López Rodríguez ya había sobrevivido a un ataque similar en 2023 en lo que era una evidente prueba de la lucha entre clanes para el control de territorios, y que sin embargo, el Ministerio de Gobierno siguió tratando como un simple hecho aislado mientras seguía – y sigue – negando la instalación de cárteles en el país.
El asesinato de López Rodríguez se vincula ahora a la lucha por el control de la estructura criminal que desde hacía años operaba el uruguayo Sebastián Marset. Marset logró huir de su mansión en Santa Cruz antes de la operación policial que comandó el exministro Eduardo del Castillo en 2023, pero en Uruguay y Paraguay consideran que sigue en Bolivia. Aunque no ha sido atrapado, su estructura quedó debilitada, lo que ha permitido el ingreso de otros actores, como la gente del Primer Comando de la Capital y en particular de Yasser Andrés Vásquez, alias Coco, que desde Santa Ana de Yacuma parece haber articulado su propia red según asume la Policía.
El evismo y la oposición tumbaron dos veces las normas de lucha contra el blanqueo de capitales que exige la comunidad internacional
El asunto no es nuevo en Bolivia ni en ninguno de los países en los que se produce cocaína o algún otro estupefaciente de exportación masiva para el consumo mundial. La ilegalidad favorece precisamente esos circuitos de violencia y poder, con una infinidad de negocios conexos, y aunque ese tema daría para otro editorial, cabe anotar en este punto que la lucha contra los negocios ilícitos han prosperado a través de normas nacionales exigidas por la “comunidad internacional” para controlar el blanqueo de capitales y que Bolivia está en la lista gris del GAFI precisamente porque el gobierno de Luis Arce intentó dos veces sin éxito pasar ese conjunto de normas por la Asamblea y tanto el evismo como toda la oposición – Rodrigo Paz incluido – la echaron atrás.
El asunto es de fondo, y sin señalar a nadie ni levantar especulaciones, después de 15 años de relativa paz en el país, desde 2023 se ha generado una verdadera guerra por el control del territorio en Bolivia, que no se puede interpretar como hecho aislado: el patrón de consumo en Estados Unidos, la reconfiguración de cárteles en México, la irrupción del fentanilo, etc., ha modificado rutas y mercados, provocando especialmente pugnas en los países productores o exportadores de cocaína. Perú y Ecuador han tomado el relevo de la conflictividad en Colombia, y los datos parecen apuntar también a Bolivia.
Los cambios de gobierno siempre son momentos de inestabilidad en la que los grupos organizados – legales e ilegales – intentan sacar partido, y el gobierno va a necesitar una estrategia de fondo – que va mucho más allá que traer a la DEA – para evitar que se propaguen olas de violencia y se instalen nuevos rubros de criminalidad en las ciudades ante la falta de alternativas, oportunidades o legitimidad suficiente. Las extorsiones y secuestros han hecho caer el gobierno de Perú hace un par de semanas. La amenaza es mayúscula y toca estar preparados.
