Defender el vino
La vitivinicultura es una de las pocas industrias sólidas y formales que aún sostienen empleo, producción y orgullo en Tarija. Castigarla para subsidiar otros sectores es un error que el país no puede permitirse.
En los últimos días, el Gobierno ha vuelto a sorprender con una medida tan insólita como injusta: crear un impuesto al vino para financiar el programa de promoción de la leche. La idea, presentada como un gesto solidario entre sectores, revela en realidad la profunda desconexión del poder central con las economías regionales y con los principios más básicos de una política fiscal racional.
El vino no es un lujo ni un capricho. En Tarija, es una industria de trabajo, identidad y resiliencia, levantada a pulmón por cientos de familias y emprendedores que han sabido transformar la tierra en valor agregado, cultura y exportación. Después de décadas de dependencia gasífera, el sector vitivinícola ha demostrado que es posible diversificar, competir sin protecciones y sostener empleo formal en un entorno hostil.
El impuesto al vino propuesto no solo es injusto: es contraproducente para una economía regional que lucha por sobrevivir
Gravar el vino con un impuesto adicional no solo encarece el producto, sino que pone en riesgo toda una cadena productiva: desde los pequeños viticultores del Valle Central hasta las bodegas familiares, los enoturismos y los cientos de empleos indirectos que se generan en torno a esta actividad. Mientras tanto, otras industrias del país —muchas de ellas extractivas o semimonopólicas— siguen aportando muy poco al fisco, escudadas en regímenes especiales o en una eterna retórica del “interés nacional”.
Tarija no pide privilegios, pide coherencia. Si de verdad se quiere apoyar al campo boliviano, la solución no puede pasar por asfixiar a quienes producen, invierten y cumplen con sus obligaciones tributarias. Promover la leche es una causa legítima, pero no a costa de castigar al vino. El Estado dispone de múltiples mecanismos para fortalecer ambos sectores: incentivos a la innovación, créditos blandos, reducción de cargas logísticas, apoyo a la exportación y políticas de promoción inteligente. Lo que no se puede hacer es enfrentar a productores del país entre sí, como si la economía fuera un juego de suma cero donde unos ganan solo si otros pierden.
El vino tarijeño no necesita compasión, necesita condiciones para competir. En lugar de subir impuestos, el Gobierno debería apostar por convertirlo en un emblema nacional, un producto de denominación de origen que nos represente dentro y fuera de nuestras fronteras, al igual que el café en Colombia o el pisco en Perú. Detrás de cada botella hay agricultura familiar, hay cultura, hay innovación. Y, sobre todo, hay futuro.
Lo normal es que el asunto no tenga mayor recorrido con el nuevo gobierno, pero que 20 años de un modelo se cierren con esta propuesta hacia una región que ha entregado tanto, es por demás revelador.
El vino no se castiga: se celebra, se protege y se defiende. Porque donde hay vino, hay trabajo; y donde hay trabajo, hay país.
