Los derechos humanos no se bombardean
La operación de EEUU en el Caribe sigue sumando muertos sin acusación ni juicio ante el silencio cómplice de la mayoría de los países de la región
En los últimos días, el mundo ha asistido con una mezcla de estupor y silencio a una operación militar estadounidense en el mar Caribe, donde embarcaciones sospechosas de transportar droga están siendo atacadas y destruidas desde el aire, dejando un saldo de muertos sin juicio, sin defensa y sin nombre. Los bombardeos —ejecutados por los Marines de Estados Unidos por orden de Donald Trump bajo el pretexto de la “guerra contra el narcotráfico”— no distinguen entre culpables y víctimas. Y esa, justamente, es la definición de la barbarie.
Nadie defiende el narcotráfico. Nadie ignora el daño que las drogas ilegales causan a las sociedades latinoamericanas. Pero el fin nunca justifica los medios, y menos aún cuando los medios violan el derecho más básico: el de vivir. En nombre de la seguridad, Estados Unidos ha decidido actuar como juez, jurado y verdugo en aguas que no son suyas, contra personas que no tuvieron siquiera la oportunidad de un proceso. Y mientras tanto, la comunidad internacional mira hacia otro lado, acostumbrada a que los muertos pobres de América Latina no escandalicen a nadie.
Bolivia, que ha sido víctima durante décadas de los abusos y excesos de la lucha antidroga, no puede callar. No puede hacerlo por historia, ni por dignidad, ni por coherencia moral. La defensa de los derechos humanos no admite excepciones geográficas ni diplomáticas. Si creemos en la legalidad, en la soberanía y en el valor de cada vida humana, no deberíamos aceptar ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de operaciones militares.
El nuevo presidente, Rodrigo Paz, tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de marcar una línea clara. No se trata de un gesto de enfrentamiento con Estados Unidos, sino de afirmar la independencia ética del Estado boliviano. La política exterior de un país digno debe comenzar por ahí: por la defensa del derecho internacional, por la exigencia de debido proceso y por el repudio a cualquier forma de violencia estatal sin control judicial. Callar ante los abusos de un aliado poderoso es también una forma de complicidad.
Los bombardeos en el Caribe no son un hecho aislado: son un síntoma de una política global que cada vez confía menos en la justicia y más en la fuerza. Es el mismo impulso que convierte a los migrantes en amenazas, a los pobres en sospechosos y a los muertos en estadísticas. Y es precisamente contra eso que América Latina —y Bolivia en particular— debe levantar la voz.
No hay Estado de derecho si el derecho se suspende cuando conviene. No hay lucha legítima contra el crimen si el método es el crimen mismo. No hay moral posible en una política que celebra la muerte.
Bolivia está viviendo una transición política luego de 20 años de MAS y como tal, las gradualidades son recomendables. El mandato recién comienza y los votantes han apostado por un cambio, pero hay asuntos sensibles. Este es un buen momento para dejar claro que Bolivia no negociará nunca con la injusticia, venga de donde venga. Porque los derechos humanos, cuando se relativizan, se pierden. Y cuando un país renuncia a defenderlos, deja de ser libre, aunque conserve su bandera.
