Ahora, a gobernar

Bolivia ha hablado en las ánforas. Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia. La democracia ha cumplido con su parte: escuchar la voz de los ciudadanos, canalizar las esperanzas y frustraciones, y ofrecer una salida legítima a un tiempo de incertidumbre. Pero las urnas, aunque poderosas, no resuelven los problemas por sí solas. Este lunes comienza la cuenta atrás para lo verdaderamente difícil: gobernar un país exhausto, con una economía al límite, una institucionalidad en crisis, un gobierno de transición prácticamente a la fuga y una ciudadanía que ya no se conforma con promesas.

Rodrigo Paz deberá afrontar de inmediato dos crisis urgentes: el abastecimiento de combustibles y la distorsión cambiaria. La primera ha puesto en jaque la vida cotidiana de millones de bolivianos: transporte paralizado, sectores productivos en tensión, mercados desabastecidos y un malestar social que crece al ritmo de las colas y la impotencia. No hay margen para el titubeo ni para los parches: se necesita una política energética transparente, con decisiones valientes que devuelvan previsibilidad al país, sin cargar el peso sobre los más vulnerables.

La segunda —la crisis del dólar— exige la misma determinación, pero las consecuencias serán más terribles. El mercado paralelo se ha instalado como una realidad que erosiona la confianza y premia la especulación. No se trata solo de ajustar cifras, sino de reconstruir credibilidad: la confianza perdida en el sistema financiero, en las reglas del juego, en la palabra del Estado. Cualquier intento de estabilización económica será inútil si el Gobierno no comunica con claridad, si no rinde cuentas y si no muestra coherencia entre el discurso y la práctica: nadie quiere perder valor de su sueldo y sus bienes, aunque se viva en una fantasía paralela.

El país no necesita un redentor ni un caudillo. Tampoco un cobarde incapaz de tomar decisiones

A la urgencia económica se suma un desafío institucional de enorme envergadura: la reforma de la Justicia. Es imposible refundar la confianza nacional con un Tribunal Constitucional auto prorrogado, con magistrados que se aferran a sus cargos y con un sistema judicial donde el ciudadano común nunca gana. Bolivia necesita un nuevo pacto judicial, con jueces elegidos por mérito, sin padrinos políticos ni cuotas partidarias. La corrupción en los tribunales es una herida abierta que contamina todo lo demás: la inversión, la convivencia, el respeto por la ley.

Y lo mismo vale para la Gestora Pública, convertida en un símbolo de opacidad e ineficiencia. La administración de los fondos de pensiones debe ser un ejemplo de transparencia y responsabilidad, no un botín político ni un espacio de improvisación. La confianza en el ahorro individual y colectivo no puede seguir erosionándose.

El país no necesita un redentor ni un caudillo. Tampoco un cobarde incapaz de tomar decisiones. Bolivia necesita un presidente que gobierne con humildad, que escuche más de lo que habla, que se rodee de los mejores y no de los más leales, que entienda que el poder en Bolivia se sostiene solo si se ejerce con responsabilidad. La gobernabilidad no se impone; se construye, día a día, con diálogo y resultados.

Bolivia ha sobrevivido a todo: hiperinflación, dictaduras, bloqueos, crisis del gas, pandemias y desencantos. Y siempre ha salido adelante por la fuerza de su gente, no por la genialidad de sus gobernantes. Esta vez no será diferente. El país volverá a trabajar, a resistir, a producir, con o sin apoyo. Pero sería imperdonable que el nuevo liderazgo desaproveche este momento que anticipa un nuevo comienzo de reconstrucción nacional.

El voto ya está contado. Ahora toca gobernar. Con cabeza fría, con corazón firme y con la conciencia de que el poder no se hereda ni se disfruta: se ejerce para servir.