La pobreza: la deuda más antigua de Bolivia
El país que presume de litio, industrialización y bonos sociales sigue teniendo millones de pobres. El próximo gobierno no podrá hablar de progreso si no asume que la verdadera riqueza es la dignidad de su gente
Cada 17 de octubre el mundo recuerda que la pobreza no es una fatalidad, sino una construcción humana, y por tanto, reversible. En Bolivia, donde el discurso del crecimiento económico convive con calles llenas de vendedores informales, barrios sin agua potable y familias que dependen de la caridad para sobrevivir, la conmemoración adquiere un sentido urgente. Erradicar la pobreza no es un eslogan de campaña: es el desafío histórico que ningún gobierno ha logrado encarar con la seriedad y coherencia que merece, pues los avances de diluyeron tan pronto como el precio del gas bajó.
El tema de este año, “Acabar con el maltrato social e institucional”, pone el foco en una verdad incómoda: ser pobre en Bolivia no solo significa carecer de ingresos, sino sufrir una doble condena. Una, económica; la otra, moral. El maltrato cotidiano —esa mirada que juzga, la burocracia que humilla, la escuela que excluye o el hospital que no atiende— erosiona la dignidad de millones de ciudadanos. Se habla de inclusión, pero aún hoy, demasiadas puertas siguen cerradas para quienes más las necesitan.
La pobreza no es una estadística, es una herida abierta en el cuerpo social. Sanarla exige voluntad política, empatía y una visión de futuro que trascienda la coyuntura electoral
Según los estándares internacionales, una de cada diez personas en las regiones en desarrollo vive con menos de 1,90 dólares al día. En Bolivia, las cifras oficiales pueden maquillarse, pero el rostro de la pobreza no miente: se ve en los niños que recorren kilómetros para ir a la escuela, en las mujeres que sostienen hogares con trabajos precarios, en los jóvenes que migran porque el mercado laboral local no los quiere. Y también, en el campo boliviano que sigue abandonado por políticas extractivistas que prometen desarrollo, pero solo extraen recursos y esperanzas.
El próximo gobierno —sea quien sea— deberá entender que la lucha contra la pobreza no se gana con bonos o subsidios que alivian pero no transforman. Hace falta una estrategia integral que conecte producción, educación y justicia social. No se trata de repartir más, sino de generar mejor. De garantizar que el crecimiento económico no se concentre en pocas manos ni dependa eternamente de materias primas.
Combatir la pobreza implica reformar las instituciones para que dejen de ser cómplices del maltrato estructural. Significa diseñar políticas que fortalezcan la educación pública, impulsen el empleo digno y fomenten una economía productiva de verdad, donde la innovación y el trabajo humano valgan más que la renta fácil del Estado. Implica, además, una mirada ética: dejar de culpar a los pobres por su pobreza y asumir colectivamente que la desigualdad es un fracaso del país entero.
Bolivia ha demostrado una y otra vez su capacidad de resistir, pero ya no basta con resistir. La pobreza no es una estadística, es una herida abierta en el cuerpo social. Sanarla exige voluntad política, empatía y una visión de futuro que trascienda la coyuntura electoral. El primer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU —“poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”— no debería ser un sueño lejano, sino un mandato moral.
Porque un país que normaliza el hambre, el desempleo y la exclusión no puede llamarse libre. Y porque, al final, ningún modelo de desarrollo vale la pena si deja atrás a la mitad de su pueblo.
