La urgencia de reformar la Ley Electoral

Cuando esta campaña electoral, tan larga y enredada, finalmente llegue a su fin, el país respirará aliviado. Pero el alivio no debería hacernos olvidar lo que hemos vivido: un proceso tortuoso, plagado de inconsistencias, discrecionalidades y trampas burocráticas que hacen más difícil, no más limpia, la participación ciudadana. Bolivia necesita, con urgencia, una reforma profunda de su Ley Electoral. No para favorecer a nadie, sino para devolverle fluidez, sentido y confianza a la democracia.

El sistema actual parece diseñado por abogados que desconfían del ciudadano. Cada paso del proceso —desde la inscripción de candidaturas hasta el conteo final— está encadenado a una maraña de plazos, formularios y prohibiciones que, en vez de fortalecer la transparencia, la debilitan. El colofón es el absurdo “silencio electoral” de tres días, que ni las redes sociales respetan ni el ciudadano entiende. ¿A quién beneficia el mutismo forzado en tiempos de hipercomunicación? A nadie, salvo a los tramposos que aprovechan el silencio de los demás.

Significa reducir formalismos inútiles, acortar plazos que nadie entiende, y sobre todo, garantizar que la voz del ciudadano pese más que el timbre de una notificación

Igual de irracional resulta el plazo de dos meses entre la primera y la segunda vuelta presidencial. En un país crispado y empobrecido, dos meses de incertidumbre equivalen a dos meses de parálisis económica, de polarización en redes, de rumores e inestabilidad. La democracia no se mide por la duración de sus procesos, sino por su claridad y eficacia. En otras latitudes, los balotajes se celebran en cuestión de semanas, y los resultados, sea cual sea el desenlace, se asumen con mayor madurez.

Esta campaña —discrecional en su arbitraje, desigual en su fiscalización y errática por momentos en su conducción— deja una lección dolorosa: el Tribunal Supremo Electoral sigue atrapado entre la pretensión de ser árbitro neutral y la tentación de ser juez de conciencia. Una democracia madura requiere reglas simples, previsibles y justas; no un reglamento que cambia según el viento político ni decisiones que se explican más por el temor al escándalo que por la convicción jurídica.

Reformar la Ley Electoral no significa abrir la puerta al desorden, sino al sentido común. Significa reducir formalismos inútiles, acortar plazos que nadie entiende, y sobre todo, garantizar que la voz del ciudadano pese más que el timbre de una notificación. La política boliviana necesita menos miedo a la participación y más confianza en la inteligencia colectiva.

Las próximas autoridades —electas, esperemos, en paz y con legitimidad— deberían asumir este reto desde el primer día. Porque de poco sirve cambiar presidentes si seguimos atados a una ley que trata al votante como sospechoso y al proceso como trámite. La democracia, cuando se vuelve un ritual burocrático, empieza a morir por dentro.

Bolivia no necesita más formularios: necesita más fe en su gente. Reformar la Ley Electoral será un acto de madurez nacional. Es, quizá, el primer paso para despejar todas las dudas crecientes que se van asentando sobre si la democracia es la solución. Debe de serlo.