Sin gasolina y sin gobierno
El caos de los combustibles es el síntoma del agotamiento del modelo, pero las alternativas aun no son claras
Bolivia vive, a menos de una semana de las elecciones, una escena tan absurda como reveladora: filas interminables en las estaciones de servicio, especulación con el diésel y la gasolina, transporte paralizado y un gobierno saliente que parece mirar hacia otro lado, como si el desabastecimiento fuera un fenómeno natural y no la consecuencia de una política energética desastrosa.
El problema de los combustibles no es nuevo, pero su agravamiento en estos días desnuda una verdad incómoda: el modelo rentista y subvencionado, sostenido durante años a fuerza de importaciones y deudas, ha llegado a un punto de quiebre. Y mientras los bolivianos pierden horas —y paciencia— buscando unos litros de gasolina, el Gobierno sigue fingiendo que todo está bajo control. O que la cosa no va con ellos.
El gobierno de Luis Arce, en sus últimos días, deja un país sin energía ni rumbo. La falta de combustible es la metáfora perfecta de una gestión que se quedó sin ideas, sin liderazgo y sin voluntad de asumir responsabilidades. Los ministros callan, YPFB improvisa, los voceros cuentan historias inverosímiles y el presidente está más preocupado por su legado político - y sus maletas - que por la realidad que asfixia a millones de ciudadanos.
Los más necesitados no son precisamente los más beneficiados con el subsidio a los carburantes, pero sí serán quienes paguen las consecuencias.
Bolivia asiste al final de un ciclo con olor a diésel racionado. Un modelo que confundió soberanía con subsidio, planificación con propaganda y abundancia con despilfarro. Lo que hoy vemos no es un accidente coyuntural: es la consecuencia de haber negado por años la necesidad de reformar la matriz energética, de haber convertido la renta petrolera en botín político y de haber abandonado cualquier intento serio de transición productiva.
La ciudadanía, una vez más, paga el precio de la irresponsabilidad. No se puede hablar de estabilidad cuando los camiones se detienen, los precios suben y la incertidumbre manda. Tampoco de soberanía cuando dependemos casi por completo de los combustibles importados. Y mucho menos de desarrollo mientras sigamos atrapados en un modelo que se devora a sí mismo.
Ninguna solución será fácil. La salida no necesariamente pasa por levantar la subvención para todos —no hace falta ser adivino para calcular sus consecuencias—, pero sí es imprescindible encontrar las fórmulas que sostengan una Bolivia productiva y socialmente estable. Porque, sí, los más necesitados no son precisamente los más beneficiados con el subsidio a los carburantes, pero sí serán quienes paguen las consecuencias.
Bolivia necesita respuestas, no excusas. Y, sobre todo, necesita un gobierno —sea cual sea el próximo— que hable con la verdad, asuma los costos políticos de cambiar lo insostenible y devuelva al país algo tan básico como la seguridad energética. Sin gasolina no hay economía, pero sin responsabilidad no hay futuro.
