Tariquía, o la falsa promesa del desarrollo
La paradoja es cruel: en nombre del desarrollo se destruyen los cimientos mismos que lo harían posible
El Gobierno ha dado luz verde a la licencia ambiental para el pozo Domo Oso X3, en el borde de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Lo ha hecho después de siete años de inacción, en medio de la primera y la segunda vuelta electoral cuando todo el mundo piensa en otra cosa, y una vez más, bajo el argumento del desarrollo, esa palabra que en Bolivia ha terminado convertida en un comodín para justificar casi cualquier intervención sobre la naturaleza.
La argumentación insiste, como siempre, en que la exploración hidrocarburífera y la protección ambiental pueden convivir armoniosamente, aunque la historia —y la experiencia tarijeña— dicen otra cosa. Cada paso del Estado dentro de Tariquía ha significado retroceso, desconfianza, división social y un deterioro progresivo de la credibilidad institucional. Eso sí, algún que otro subempleo como chofer, cocinera o guarda para los comunarios cercanos, pero no muchos.
La licencia ambiental no es un simple trámite administrativo: es la puerta de entrada a un modelo agotado. Un modelo que insiste en buscar rentas de un subsuelo cada vez más pobre, mientras se destruye el capital natural más valioso del sur boliviano. Tariquía no solo es un refugio de biodiversidad; es también una fuente de agua, un regulador climático y un espacio que ha permitido a cientos de familias vivir en equilibrio con su entorno. Todo eso, por lo visto, vale menos que unos cuantos millones de dólares en ingresos potenciales y temporales.
La retórica del “desarrollo con equilibrio” es vieja y peligrosa. Se invoca el bienestar colectivo mientras se avanza con maquinaria pesada, se militariza el acceso y se silencia a las comunidades que se oponen. Se repite, como dogma, que sin gas no hay futuro, cuando la evidencia muestra que lo que no hay es planificación ni diversificación. Mientras tanto, Tarija sigue viviendo de las migajas del gas y del espejismo de una bonanza que terminó hace una década.
La paradoja es cruel: en nombre del desarrollo se destruyen los cimientos mismos que lo harían posible. En nombre de la soberanía se entregan los territorios más frágiles a las empresas que, después de agotar el subsuelo, como saben en Caraparí, quedan tras de sí pasivos (cada vez menos, es verdad), economías deprimidas, inversiones que nunca se completaron y otras que nunca se amortizarán.
En estos tiempos electorales es fácil envolverse en la bandera del ecologismo, pero Tariquía no necesita discursos de protección, necesita decisiones valientes. Necesita un Estado capaz de entender que el progreso del siglo XXI no se mide por la cantidad de pozos perforados, sino por la capacidad de garantizar aire limpio, agua segura y ecosistemas funcionales. Un Estado que invierta en ciencia, en turismo sostenible, en energías renovables y en educación ambiental, en lugar de hipotecar su patrimonio natural para sostener un presupuesto que nunca alcanza.
La licencia para Domo Oso X3 es, en realidad, una licencia para repetir errores. Una muestra de que la política energética boliviana sigue atrapada en el pasado, y de que la lógica extractivista ha logrado colonizar incluso el discurso de quienes deberían defender la vida.
Tariquía no es un obstáculo para el desarrollo. Es una advertencia de lo que podríamos perder si seguimos confundiendo progreso con explotación. Cada árbol talado, cada arroyo contaminado y cada comunidad desplazada será una línea más en la crónica de un país que no supo cuidar lo que era suyo.
El Gobierno de Luis Arce ya no tiene tiempo de nada y ha demostrado una vez más su valentía dando luz verde al proyecto a dos meses de salir del cargo y cuando nadie se entera, pero quien sea elegido tendrá que elegir el modelo por el que quiere apostar, que no será tan lindo ni sencillo como las promesas de campaña. Esa elección —no técnica, sino moral— dirá mucho más sobre el futuro de Bolivia que cualquier pozo exploratorio.
