El hijo del presidente y la ley ausente
Si no somos capaces de exigir que la ley se cumpla incluso cuando afecta al poder más alto del país, entonces habremos aceptado que no vivimos en una república, sino en una corte de favores
Los días pasan y la impunidad se abre paso. El hijo del presidente Luis Arce tiene una orden de aprehensión por violencia de género desde hace dieciocho días y ha huido a la vista de todo el mundo sin que el Estado mueva un dedo para hacerlo comparecer ante la justicia, y eso no debería pasar inadvertido por muy acostumbrados que estemos al abuso de poder. El hecho es, más bien, un síntoma extremo de un poder que ha perdido el pudor, la vergüenza y la autoridad moral que alguna vez pretendió representar.
Durante años, el discurso oficial ha sido el de la justicia implacable contra los enemigos y la tolerancia cero con los corruptos, salvo que fueran del mismo bando, pues cuando la ley apunta hacia adentro, cuando el apellido presidencial aparece en una orden judicial, el Estado entero parece paralizarse. Los ministros y ministras callan, los fiscales miran al costado y la policía se vuelve, como por arte de magia, incapaz de encontrar a un prófugo que —no lo olvidemos— no es un disidente político, sino el hijo del jefe de Estado al que le queda exactamente un mes para dejar el poder.
Este silencio atronador que no solo se escucha en el gobierno, sino en la sociedad civil y en buena parte de la prensa libre, no es neutral: es complicidad. Como con el Fassil o con la Gestora. Es la confirmación de que el poder en Bolivia sigue funcionando con un doble estándar moral y jurídico. De un lado, la justicia espectáculo que se ensaña con los opositores y disidentes; del otro, el encubrimiento familiar que protege a los cercanos al poder con la misma naturalidad con la que se reparten los contratos, los cargos y los favores.
No hay ministro que responda, ni fiscal que se atreva, ni medio estatal que informe. Y mientras tanto, el presidente guarda un silencio que lo condena
La violencia machista, que tanto dicen combatir en los discursos oficiales, se convierte en un tema menor cuando el agresor es parte de la familia presidencial. Y con ello, se manda un mensaje brutal a toda la sociedad: que la justicia tiene dueño, que la ley se dobla según el apellido, que la integridad institucional es una farsa sostenida por el miedo y la conveniencia.
Lo más grave no es solo la huida del hijo del presidente, sino la huida del Estado de sus propias responsabilidades. No hay ministro que responda, ni fiscal que se atreva, ni medio estatal que informe. Y mientras tanto, el presidente guarda un silencio que lo condena. Si la autoridad máxima del país no puede garantizar que la ley alcance incluso a los suyos, ¿qué puede esperar un ciudadano común ante un abuso, una estafa o una agresión?
En otras épocas, un hecho así quizá hubiera provocado crisis políticas, renuncias, debates parlamentarios, protestas en las calles. Hoy apenas genera murmullos en redes y resignación en las plazas. Por supuesto hay quien señala a la víctima. Esa es quizás la mayor derrota colectiva: que la sociedad haya aprendido a convivir con la injusticia como si fuera parte del paisaje.
La política, decía Albert Camus, empieza donde termina la indiferencia. Y Bolivia necesita, con urgencia, volver a indignarse. Si no somos capaces de exigir que la ley se cumpla incluso cuando afecta al poder más alto del país, entonces habremos aceptado que no vivimos en una república, sino en una corte de favores.
La ley no puede detenerse en la puerta del Palacio. Y el presidente Arce tiene la obligación —no el derecho, la obligación— de demostrar que su familia no está por encima de la justicia. De lo contrario, será recordado no solo por su gestión económica o por haber puesto punto final a 20 años del MAS en el poder, sino por haber permitido que el poder se usara para encubrir lo inaceptable.
