Presidencia sin honor

Era difícil de imaginar un final peor para el gobierno de Luis Arce Catacora, y no tiene que ver con lo puramente político o económico, que de por sí ya era suficientemente malo, sino por la evidencia de inmundicia moral que lo ha rodeado en todo este tiempo y que ha penetrado en su propia conducta personal y familiar.

En el gobierno de Arce Catacora ha habido casos de corrupción de todos los tamaños que, por su magnitud o “imprudencia”, han salido a la luz, algo que no era normal en los años anteriores – lo que no quiere decir que no hubiera -. Casi desde el primer día saltaron a la luz casos de compras de ítems en el ministerio de Salud y negociados grandes en relación a Tierras, tanto en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el de Medio Ambiente y en el propio INRA. Fue especialmente vergonzosa la salida de Alan Lisperger de Medio Ambiente, que aparentemente utilizaba su propia cuenta ordinaria para hacer pasar las mordidas, lo que da cuenta del nivel de impunidad.

Ha habido sospechas de negociados grandes en la adjudicación de fondos de la Gestora, en la “promoción” de los contratos del litio que durante toda la legislatura no han podido avanzar y en las negociaciones de YPFB a todo nivel, sobre todo en la última parte con el caso Botrading, una sociedad anónima creada en Paraguay por YPFB Logística y YPFB Transporte aparentemente para abaratar los costes de importación de combustible, pero de lo que no se tiene constancia pues como SA no da explicaciones más que a sus socios.

Este final inmoral resulta intolerable para la investidura, y aunque parezca que ya poco se puede hacer, es urgente que el presidente al menos ponga a trabajar a todo el poder del Estado para poner a su hijo frente a la Justicia

Nunca nadie se ha parado a explicar con detalle qué pasó en el Banco Fassil, cuyo interventor inicial cayó por la ventana y desde entonces todo fue coser y cantar: el Estado vía Banco Unión se quedó con los activos tóxicos y el resto del sistema financiero sumó nuevos clientes. Ni de cómo los bancos han logrado grandes ganancias jugando con el tipo de cambio, o de como el oro entra y sale o de cómo los mineros consiguen cuadrantes.

Los voceros del gobierno han intentado explicar cómo han podido estos casos, que muchas veces cuentan con la complicidad de la oposición o de sectores poderosos, y quien más quien menos intenta llevarlo a la arena de lo político.

Aún así, lo más inaceptable tiene que ver con asuntos de la familia, y no es cierto, como dijo alguna vez el presidente, que sus hijos son ya mayores y deben dar explicaciones por sí mismos. O que “la familia no se toca” como dijo aquel otro, pues todos los casos tienen una parte pública que el presidente, como cabeza del Estado, debe observar con extrema transparencia, y no lo está haciendo.

Obviamente que Luis Arce puede tener hijos con quien quiera, incluso con una subordinada que gerenciaba una de las carteras más opacas del país como la Autoridad de Minas (AJAM) y que hubiera requerido una excelencia profesional a prueba de bombas. Lo que no es de recibo es que el presidente se aferre a chicanas para no despejar cualquier tipo de dudas. Hacerse la prueba de ADN no tiene nada de político, evitarla te retrata.

Por otro lado, el crédito facilitado por una entidad bancaria a los dos hijos menores de Arce, ambos veinteañeros, y que suman casi 9 millones de dólares es de difícil tragadera: ninguno tenía experiencia en el rubro agropecuario y se ha demostrado que la finca Adán y Eva resultó un negocio mucho más viable luego de que la UPRE, EMAPA, la ABT y otros departamentos del Estado le concedieran ciertas ventajas.

Ahora, lo que ya traspasa todos los límites éticos es lo sucedido con Marcelo Arce Mosqueira, desaparecido hace ya diez días tras propinarle tremenda golpiza a una tarijeña a la que dejó 13 días de impedimento, que se dicen pronto. No es una “chiquillada”, ni una cosa de enamorados, como a lo mejor piensan en la parte noble de la Casa Grande del Pueblo, ni por supuesto puede borrarse porque la víctima – seguramente asustadísima – desista. La violencia de Género es de Orden Público desde hace mucho tiempo por lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben actuar de oficio en este caso, no “analizar” si activan los sellos de Interpol no vaya a ser que se haya fugado, como si alguien tuviera alguna duda con todo lo que el operador del litio y otras partes gruesas del Estado no tuviera suficiente encima.

Este final inmoral resulta intolerable para la investidura, y aunque parezca que ya poco se puede hacer, es urgente que el presidente al menos ponga a trabajar a todo el poder del Estado para poner a su hijo frente a la Justicia. Difícilmente podrán reparar el honor, pero al menos que quede eso.