28 de septiembre: derechos y realidades
El Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro recuerda que la penalización no evita la práctica, solo la hace más peligrosa
Cada 28 de septiembre el mundo recuerda la importancia del acceso a un aborto legal y seguro. No se trata de un capricho ideológico, sino de una realidad de salud pública: la penalización nunca impidió los abortos, apenas los empujó hacia la clandestinidad, poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres y personas gestantes. Bolivia no está al margen de esta problemática: en los hospitales públicos es común atender complicaciones de abortos inseguros, una cifra que las estadísticas oficiales nunca logran reflejar en su verdadera magnitud.
En este contexto, el debate no debería girar únicamente en torno a posturas morales irreconciliables, sino en la capacidad del Estado para garantizar condiciones dignas de maternidad, ofrecer verdaderas políticas de prevención y, en última instancia, respetar las decisiones individuales. La maternidad debe ser una elección libre, no una imposición nacida de la falta de oportunidades o del abandono institucional. Una mujer que decide continuar con su embarazo necesita certezas: acceso a salud de calidad, estabilidad laboral, apoyo en el cuidado de sus hijos y una sociedad que la acompañe.
La maternidad no puede ser una condena impuesta por la falta de oportunidades. Requiere un Estado capaz de garantizar salud de calidad, apoyo laboral y políticas de cuidado
La otra cara, igualmente crucial, es la prevención. Bolivia necesita dejar atrás la hipocresía con la que se aborda la educación sexual. Mientras en el discurso político se proclama la defensa de la vida, en las aulas sigue ausente una verdadera Educación Sexual Integral, que permita a niños, adolescentes y jóvenes conocer su cuerpo, comprender sus derechos y asumir responsabilidades. El silencio o los tabúes familiares no alcanzan; la información basada en evidencia es la mejor herramienta para prevenir embarazos no deseados y, con ellos, situaciones traumáticas para las familias.
Junto a la educación, el acceso real a métodos anticonceptivos es todavía un desafío. No basta con que el Estado los ofrezca en teoría si en la práctica los centros de salud no cuentan con insumos, si las farmacias rurales los venden a precios inaccesibles o si persisten prejuicios que desalientan a las y los adolescentes a pedirlos. Un programa de planificación familiar efectivo no puede quedar sujeto a la voluntad de algunos funcionarios ni al calendario de los donantes internacionales: debe ser una política pública prioritaria, sostenida en el tiempo y garantizada para todos los sectores sociales.
En este marco, el aborto debería ser entendido como la última instancia, nunca como el camino deseado. Pero si una persona decide interrumpir un embarazo, el Estado tiene la obligación de ofrecer condiciones seguras y sin criminalización. No se trata de promoverlo, sino de reconocer que ocurre y que la clandestinidad multiplica el riesgo. El acceso a un aborto seguro es un tema de dignidad, de justicia y de respeto a la autonomía. La persecución judicial y la condena social solo logran empujar a las mujeres a escenarios de mayor vulnerabilidad y sufrimiento.
El Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro nos interpela con fuerza. Nos exige madurez para reconocer que este no es un problema marginal, sino un desafío estructural de salud pública y derechos humanos. Nos recuerda que la verdadera democracia no solo se mide en elecciones limpias o en instituciones independientes, sino también en la capacidad de respetar la intimidad y las decisiones más difíciles de sus ciudadanos.
Bolivia tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo más humano y responsable: uno que priorice la educación, la prevención, la planificación familiar y el acompañamiento integral a las madres. Y, al mismo tiempo, uno que respete la decisión de quienes, en circunstancias extremas y como último recurso, optan por interrumpir un embarazo. No podemos seguir escondiendo el problema ni criminalizando a las personas. La tarea es clara: construir un país donde maternar sea un derecho, no una condena; donde prevenir sea una realidad, no un discurso; y donde decidir no cueste la vida.
