La ONU y su silencio cómplice ante Gaza
Sin reforma, seguiremos condenados a la misma rutina macabra: tragedias humanas retransmitidas en vivo, declaraciones diplomáticas de rigor y un Consejo de Seguridad que bloquea cualquier salida efectiva
Las imágenes que llegan desde Gaza estremecen al mundo: miles de muertos, en su mayoría civiles, barrios enteros reducidos a escombros, hospitales colapsados y un pueblo atrapado en una espiral de violencia que a todas luces constituye un genocidio, como ha definido el propio Grupo Especial Independiente impulsado por Naciones Unidas. Sin embargo, frente a semejante tragedia, la propia ONU —que nació tras la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar horrores de esta magnitud— se ha mostrado impotente, cuando no directamente cómplice, con su silencio y su inacción.
No se trata de desconocer los comunicados, las declaraciones oficiales, las sesiones maratónicas de su Asamblea General como la de estos días. Se trata de que todo ello resulta estéril mientras exista un Consejo de Seguridad estructurado bajo la lógica de la posguerra, con un puñado de países con poder de veto que bloquean cualquier resolución efectiva cuando sus intereses están en juego. Esa élite diplomática, más preocupada por preservar sus privilegios que por garantizar la paz, es hoy el mayor obstáculo para detener la masacre.
¿De qué sirve tener tratados, convenciones y resoluciones si las potencias pueden ignorarlos impunemente? ¿De qué sirve hablar de derechos humanos cuando se permite que se masacre a un pueblo bajo los ojos de todo el planeta?
El caso de Gaza no es aislado. Lo mismo ocurrió en Ruanda, en Bosnia, en Siria o en Yemen: la ONU se multiplica en palabras, en discursos cargados de buenas intenciones, pero la maquinaria de los intereses particulares frena cualquier acción que pudiera salvar vidas. El resultado es un descrédito profundo de una institución que debería ser garante de la paz, pero que se limita a una especie de coro impotente frente a las tragedias humanas.
En Gaza, la situación es especialmente obscena. Los países con poder de veto se alinean con uno u otro bando, no por principios humanitarios, sino por cálculos geopolíticos. El ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 fue condenado unánimemente, pero el sufrimiento de los palestinos se convierte en moneda de cambio en un tablero internacional donde pesan más los acuerdos militares y los contratos energéticos que los derechos humanos. Y mientras tanto, los muertos se acumulan día tras día.
El derecho internacional se erosiona cada vez que la ONU fracasa en cumplir su mandato esencial. ¿De qué sirve tener tratados, convenciones y resoluciones si las potencias pueden ignorarlos impunemente? ¿De qué sirve hablar de derechos humanos cuando se permite que se masacre a un pueblo bajo los ojos de todo el planeta? El mensaje que se transmite es devastador: los principios universales valen poco frente al poder y al dinero.
Por ello, es urgente reabrir el debate sobre la reforma estructural de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad no puede seguir siendo el coto cerrado de cinco países con derecho de veto. El mundo multipolar del siglo XXI exige reglas más democráticas, donde ninguna nación esté por encima de la ley y donde las decisiones respondan a la mayoría de los pueblos, no a los intereses de unos pocos.
Mientras esa reforma no ocurra, seguiremos condenados a la misma rutina macabra: tragedias humanas retransmitidas en vivo, declaraciones diplomáticas de rigor y un Consejo de Seguridad que bloquea cualquier salida efectiva. Gaza es hoy la herida más sangrante, pero mañana será otro país, otra guerra, otro pueblo olvidado.
La ONU nació para evitar los horrores de la barbarie. Hoy, con su mediocridad y sus silencios, se está convirtiendo en el símbolo de una paz que nunca llega.
