Mayaya, YPFB y los atajos
Sobre Mayaya todavía se ciernen muchas dudas sobre su viabilidad, pero debe ser el punto de quiebre que marque el inicio de una nueva era en la historia hidrocarburífera boliviana
El hallazgo de Mayaya Centro X-1 en el norte paceño, con 1,7 TCF de gas confirmados y la proyección de hasta 6 TCF adicionales, ha sido presentado como el descubrimiento más importante desde San Alberto y San Antonio en los años noventa. Al igual que aquellos megacampos, el pozo de Mayaya fue explorado y perforado directamente por YPFB con recursos estatales. Es decir, no se trata de un favor externo ni de una casualidad, sino aparentemente el fruto de una estrategia que por fin prioriza la exploración nacional y que el propio Luis Arce ha venido defendiendo como la idónea y la necesaria en contraposición con lo realizado durante la gestión de Evo Morales.
El problema es que la historia amenaza con repetirse. En 1990, YPFB había identificado ya los tesoros gasíferos de Tarija, pero durante la capitalización esos campos fueron reclasificados como “nuevos” para que las transnacionales se beneficiaran pagando menos regalías. El resultado: el país perdió más de 2.000 millones de dólares en ingresos fiscales. Hoy, con Mayaya, ya se han dado los pasos para conformar una sociedad mixta con YPFB Andina, cuyo nombre no debería llevar a error: se trata de una empresa privada con mayoría accionaria estatal, pero con casi la mitad en poder de la transnacional Repsol, que sería la gran beneficiada en una operación de la que no asumió ningún riesgo.
El propio gremio de ingenieros petroleros ha señalado que la explotación de este campo “no es difícil” y que contamos con capacidad para hacerlo sin más
El asunto se suele justificar con que las empresas extranjeras poseen “experiencia técnica”, pero no se puede convertir la dependencia tecnológica en excusa para renunciar a la soberanía. YPFB ya demostró que puede asumir exploraciones complejas: lo hizo invirtiendo 85,6 millones de dólares en Mayaya, con éxito. El propio gremio de ingenieros petroleros ha señalado que la explotación de este campo “no es difícil” y que contamos con capacidad para hacerlo sin más. ¿Por qué, entonces, entregar participación accionaria a Repsol, una empresa que arrastra un historial de sobrevaloración de inversiones, falsificación de documentos y daños ambientales ocultados?
El debate no es técnico, es político y estratégico. ¿Queremos repetir el patrón de siempre, donde Bolivia asume el riesgo y el gasto, y al final el beneficio mayor se reparte con operadores privados? ¿O apostamos a que YPFB asuma el desafío, aún a costa de mayores plazos, costos de capacitación y una inversión estatal que, de todas formas, será rentable a mediano plazo?
El país no puede volver a equivocarse. Sobre Mayaya todavía se ciernen muchas dudas sobre su viabilidad, pero debe ser el punto de quiebre que marque el inicio de una nueva era en la historia hidrocarburífera boliviana: la de una YPFB capaz de asumir por sí sola, con socios únicamente de servicios y sin cesión de propiedad ni de control, el desarrollo de sus megacampos. Será costoso, exigirá disciplina, transparencia y planificación, pero es la única forma de garantizar que la riqueza se quede en Bolivia y que no volvamos a regalar lo que ya hemos pagado con esfuerzo. El asunto ni siquiera ocupa una línea entre los programas de los candidatos a la segunda vuelta.
El gas de Mayaya pertenece a los bolivianos. No se trata solo de números, regalías o contratos: se trata de soberanía. En 1937 lo aprendimos con Standard Oil, en 1969 con Gulf, en los noventa con la capitalización. Si no aprendemos la lección ahora, la historia nos condenará por ingenuos. La decisión está en nuestras manos: o YPFB asume directamente Mayaya, cueste lo que cueste, o volveremos a mirar desde la ventana cómo otros se llevan lo que es de los bolivianos.
