Entre los “chutos” y las chatarras

Más allá del oportunismo electoral, el debate del parque automotor necesita ser abordado con honestidad de forma inmediata

En Bolivia, la cuestión de los autos “chutos” —esos vehículos indocumentados que circulan en gran parte del territorio nacional— se ha convertido en una realidad tan extendida como incómoda. No se trata únicamente de un problema policial o de contrabando, aunque así se pretenda simplificar en los discursos oficiales. Es, en el fondo, el reflejo de una política pública mal diseñada y de un sistema económico que expulsa a miles de ciudadanos hacia la informalidad.

La raíz del problema no está en la supuesta "cultura de la ilegalidad", como suelen repetir las autoridades, sino en una estructura normativa que desconoce la capacidad adquisitiva de la población. Los costos impositivos para nacionalizar un vehículo, sumados a la prohibición de importar autos usados, terminan empujando a amplios sectores a buscar alternativas fuera de la ley. No todos los autos que cruzan sin pasar por la Aduana son robados en Chile —aunque este factor existe—; muchos son vehículos que en sus países de origen ya no encuentran mercado, pero que aquí podrían servir para renovar un parque automotor envejecido y contaminante.

El campesino, el transportista pequeño o el comerciante ven en el “chuto” una solución más práctica que esperar a que el mercado formal les ofrezca alternativas.

Mientras tanto, la legislación obliga a que los vehículos importados sean cero kilómetros. Esta restricción, aunque pensada en términos de seguridad y modernización, en la práctica mantiene atrapados a miles de bolivianos entre dos caminos: o pagar cifras impagables por un auto nuevo que se deprecia apenas pisa la calle, o seguir circulando con chatarras de 30, 40 o 50 años, cuyo impacto ambiental, en emisiones y consumo, es evidente. La paradoja es que el Estado, en su afán de controlar, termina estimulando la permanencia de un parque automotor obsoleto y contaminante, que a su vez aumenta la inseguridad vial.

El fenómeno de los “chutos” no debería ser abordado únicamente con operativos y decomisos espectaculares, que además suelen estar teñidos de discrecionalidad y corrupción. Lo que corresponde es un debate serio sobre las políticas de importación, nacionalización y tributación de vehículos. Se requiere un marco realista, que permita el acceso a autos de segunda mano en buenas condiciones, con estándares ambientales mínimos, y a costos razonables. Muchos países de la región lo hacen, estableciendo límites de antigüedad y certificaciones técnicas, sin obligar a la población a elegir entre la ilegalidad y la chatarra.

El impacto social de esta política equivocada es enorme. En ciudades intermedias y en el área rural, donde el vehículo es herramienta de trabajo y no un lujo, la prohibición se vive como castigo. El campesino, el transportista pequeño o el comerciante ven en el “chuto” una solución más práctica que esperar a que el mercado formal les ofrezca alternativas. Y en ese vacío, florece un negocio paralelo que mueve millones y que, por lo mismo, se vuelve atractivo para redes de contrabando.

Si Bolivia pretende encarar este problema de raíz, debe hacerlo desde la honestidad: reconocer que la norma actual es insostenible y que el mercado demanda otra cosa. Permitir la importación regulada de vehículos usados en buen estado, reducir la carga tributaria a niveles razonables, y diseñar un plan de recambio que retire gradualmente las chatarras de circulación, son medidas más sensatas que mantener una ficción que todos saben que no funciona.

No se trata de legitimar lo ilegal, sino de construir una legalidad viable. Un país que condena a su gente a conducir autos de medio siglo, mientras decomisa los “chutos” en operativos mediáticos, no está resolviendo nada. Solo posterga un debate impostergable: el de cómo conciliar el derecho de los ciudadanos a acceder a un transporte digno con la necesidad de un Estado que recaude y regule. Entre la chatarra y el “chuto”, Bolivia merece una tercera vía, sensata y sostenible.


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