Bonos, votos y el verdadero Estado social (II)
Bolivia no necesita más espejismos: necesita un contrato social nuevo, honesto y viable donde aporten de verdad empresarios, mineros, soyeros, gremiales, funcionarios y trabajadores
La campaña en Bolivia ha girado hacia los asuntos mundanos: qué bonos sí, qué bonos no y de qué monto. Una simplificación que marca continuidad respecto a lo que se viene haciendo este siglo. Goni ya impulsó el Bonosol y la lógica de las ayudas puntuales respecto a los cambios estructurales siempre ha sido un debate decisivo a la hora de definir suertes y tendencias.
El debate de fondo debería ser otro: ¿cómo construimos un verdadero Estado social en Bolivia? Uno que no dependa de la dádiva coyuntural, sino de una estructura fiscal y productiva que lo sostenga. Eso implica varias tareas urgentes y a contramano:
Por ejemplo, plantear una reforma tributaria progresiva, que amplíe la base impositiva sin castigar a los más pobres, combata la evasión y el contrabando, y genere recursos para financiar servicios básicos, pero obviamente nadie quiere hablar de impuestos.
Es importante fortalecer el sistema educativo, no solo con infraestructura, sino con formación docente, actualización curricular y conexión con el mercado laboral y el desarrollo científico, pero los proyectos a 20 años no ganan elecciones.
Es necesaria la universalización de la salud, con un sistema que no dependa de improvisaciones ni de remiendos, sino que garantice acceso y calidad a toda la población, pero la última vez que se planteó construir el sistema sobre la CNS con dimensión pública, fue la marxista COB la que puso el grito en el cielo.
Es necesario impulsar la producción nacional, diversificando la economía más allá de los recursos naturales, fomentando la innovación y dando valor agregado a nuestras materias primas; pero “derribar la Aduana” y “arancel cero” es una de las propuestas estrella.
Un verdadero Estado social no regala, sino que redistribuye de manera justa. No improvisa, sino que planifica. No compra voluntades con bonos en campaña, sino que garantiza derechos permanentes. Esa es la diferencia entre populismo y política pública, pero obviamente convencer a los votantes de que un país mejor y más desarrollado, con gente mejor atendida y con igualdad de oportunidades, es mejor para los que menos tienen y también para los que más tienen, pues no renta electoralmente.
La ciudadanía también tiene un rol. Cada vez que acepta pasivamente estas promesas vacías, cada vez que elige a quienes ofrecen bonos imposibles en lugar de exigir programas serios y sostenibles, contribuye a perpetuar el círculo vicioso. Romperlo exige madurez política, pero también responsabilidad colectiva: los votantes deberían premiar a quienes hablan con la verdad, aunque duela, y no a quienes ofrecen espejismos de bienestar inmediato. Pero pocas veces pasa.
En tiempos de segunda vuelta, cuando el país se juega rumbos distintos, unos y otros se acercan al populismo de los bonos como recurso fácil y tentador. Pero Bolivia no necesita más espejismos: necesita un contrato social nuevo, honesto y viable donde aporten de verdad empresarios, mineros, soyeros, gremiales, funcionarios y trabajadores. Si la política sigue reduciéndose a repartir migajas en época de elecciones, el futuro será cada vez más estrecho. Si, en cambio, se asume el reto de construir un Estado social real, aunque implique sacrificios, habrá un horizonte para todos.
El bono puede ser un alivio temporal; la justicia social, en cambio, es un proyecto de largo plazo. Lo primero compra votos; lo segundo construye ciudadanía. Bolivia debe decidir de qué lado quiere estar.
