El fin de la autoprórroga
Si realmente queremos reconstruir la democracia boliviana, es indispensable que el nuevo ciclo político empiece por donde corresponde: devolviendo la legalidad a los tribunales
El próximo 8 de noviembre Bolivia vivirá la posesión de un nuevo gobierno. Más allá de la expectativa natural que genera este hecho político, existe una tarea ineludible si el país quiere hablar con seriedad de la recuperación de la democracia: poner fin a la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional – donde son mayoría – y del Tribunal Supremo de Justicia – donde son la mitad menos uno -.
Ninguna institucionalidad puede sostenerse sobre la base de la ilegitimidad. Cuando las máximas autoridades de la justicia permanecen en sus cargos sin la renovación que manda la Constitución, no solo se vulnera el orden jurídico, sino que se envía un mensaje devastador a la ciudadanía: las reglas no son para todos, sino para quienes detentan el poder. Ese quiebre simbólico ha erosionado profundamente la confianza en las instituciones, debilitando al Tribunal Constitucional, al Órgano Judicial y al propio sistema democrático.
No se trata solo de reemplazar a las personas, sino de enviar un mensaje claro: que la justicia no será más un brazo sumiso del poder político
El asunto es tan funesto como sencillo: Cuando se acababa el mandato que les concede la Constitución y ante la flagrante inacción de una Asamblea Plurinacional totalmente dividida y carente de liderazgo, los magistrados emitieron una resolución por la que se auto ampliaban el mandato. El asunto es de manual: los jueces no pueden llenar el vacío legal, sino que son los legisladores quienes deben hacerlo, pero la falta de consensos y los cálculos de unos y otros, y sobre todo del Gobierno que nunca mandó al ministerio público o al ministerio de gobierno a actuar, lo acabaron permitiendo.
Si realmente queremos reconstruir la democracia boliviana, es indispensable que el nuevo ciclo político empiece por donde corresponde: devolviendo la legalidad a los tribunales. El retiro de los magistrados autoprorrogados no es un capricho, sino una necesidad de primer orden para garantizar la separación de poderes, el respeto a la Constitución y la independencia judicial. Los cinco autoprorrogados del Tribunal Constitucional comulgaron con la reelección de Evo en 2019 que les habían dejado cocinado sus antecesores; avaló la transición a Áñez, después lo negó y dictó sentencias a la medida de los intereses políticos de Luis Arce.
Un gobierno que asuma con el compromiso de fortalecer la democracia tiene que abrir este debate desde el primer día, porque cualquier otra actitud evidenciará que la negociación es posible, como lo fue en el pasado. No se trata solo de reemplazar a las personas, sino de enviar un mensaje claro: que la justicia no será más un brazo sumiso del poder político. Que se inaugura un tiempo donde la confianza ciudadana se empieza a reconstruir, paso a paso, con actos concretos.
El 8 de noviembre no debería ser solo el inicio de una nueva gestión gubernamental, sino la oportunidad de trazar un antes y un después en la vida institucional de Bolivia. Retirar a los magistrados autoprorrogados será un gesto fundacional de ese nuevo tiempo democrático.
