La OEA ante el fantasma del Caribe

La Organización de Estados Americanos (OEA) nació con el propósito de ser garante de la paz, la democracia y la cooperación entre los países del continente. Sin embargo, en la práctica ha oscilado muchas veces entre el foro multilateral y el instrumento funcional a los intereses de la potencia hemisférica que lo creó: Estados Unidos. Hoy, en medio de las tensiones en torno a Venezuela, vuelve a ponerse a prueba su verdadera vocación.

Estados Unidos ha desplegado efectivos militares en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Pero pocos dudan de que esta operación responde menos a una estrategia de seguridad y más a un pulso geopolítico: presionar al gobierno de Nicolás Maduro en un momento en que Venezuela atraviesa una de sus mayores crisis internas y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a la región sobre quién manda en sus aguas. En Washington se habla de drogas; en Caracas, de amenazas de invasión. Lo cierto es que la sola presencia de buques y tropas en un contexto tan enrarecido multiplica el riesgo de una escalada que nadie necesita mientras crece el verdadero papel que juega el pulso por el Esequibo en todo esto.

La OEA, que debería ser la primera en llamar a la prudencia y la negociación, se encuentra atrapada en su propio laberinto. Con un secretario general que parecía disruptivo, pero que se evidencia, de nuevo, alineado con la Casa Blanca y varios gobiernos temerosos de contrariar a la potencia del norte por su amenaza arancelaria permanente, el organismo ha perdido – otra vez – la credibilidad como mediador imparcial. Su papel, en lugar de alentar un corredor de diálogo regional, parece limitado a legitimar decisiones unilaterales considerando que son asuntos “bilaterales”, cuando lo que está en juego es mucho más que el destino de un solo país.

El pulso por el Esequibo – una enorme reserva de petróleo concesionada a empresas norteamericanas pero sin explorar aun - añade más leña al fuego: Venezuela ha amagado con anexarlo en disputa con Guyana también con el ánimo de encender el fervor patrio, mientras que Trump exige un petróleo barato, a 50 dólares, para completar su plan. Detrás de la retórica patriótica y del derecho histórico laten también los intereses energéticos y geopolíticos y es difícil no ver una conexión entre el endurecimiento de la administración Trump, siempre ávida de petróleo barato para apuntalar su economía, y la presión sobre un país cuya riqueza natural es vista como botín estratégico.

Conviene recordar que las garantías democráticas en Venezuela son frágiles y que el chavismo ha convertido al Estado en una maquinaria con escasos contrapesos. Pero una cosa es señalar esas carencias y otra muy distinta es avalar un cerco militar que amenaza con incendiar la región. Defender la democracia no puede confundirse con imponerla a cañonazos ni con reeditar la vieja doctrina del “patio trasero”.

La OEA debería recuperar su rol de instancia regional que articule soluciones colectivas. Eso significa convocar a gobiernos, más allá de sus afinidades ideológicas, a establecer canales de mediación que eviten el choque y reduzcan tensiones. Si el organismo se limita a ser altavoz de los poderosos, terminará vaciado de sentido y dejará el terreno abonado para que las decisiones se tomen fuera de los marcos multilaterales.

América Latina ya tiene suficientes desafíos: crisis económicas, migración, violencia, desigualdad. Abrir un frente bélico en el Caribe sería una irresponsabilidad mayúscula. La región necesita puentes, no buques de guerra; necesita consensos, no ultimátums. La OEA aún tiene la oportunidad de ser útil, pero para ello debe escoger entre su vocación fundacional o su sumisión histórica. Lo que se juega en estas aguas no es solo el destino de Venezuela, sino la posibilidad de construir una región que dialogue en igualdad y que defienda su soberanía sin tutelas.