Autonomía: más allá del 19 de octubre
La segunda vuelta del 19 de octubre definirá un gobierno, pero el desafío mayor es consolidar un Estado donde las regiones tengan voz y voto reales en su propio destino.
El próximo 19 de octubre Bolivia decidirá en segunda vuelta quién conducirá los destinos nacionales en un momento particularmente incierto. La polarización política, la crisis económica y la pérdida de confianza en las instituciones configuran un panorama desafiante. Pero, más allá de los nombres y colores que resulten ganadores, hay un tema que debería estar en el centro de la agenda de cualquier gobierno: la necesidad de apuntalar y defender el régimen autonómico departamental.
Las autonomías no son un capricho, ni una moda pasajera. Son una conquista histórica de los pueblos que entendieron que la gestión centralizada —monopólica en recursos y decisiones— no respondía ni a la diversidad ni a la eficiencia que exige un país complejo como el nuestro. La descentralización no debilita al Estado: lo fortalece, porque acerca las decisiones a la gente, distribuye responsabilidades y permite respuestas más rápidas y pertinentes.
Tarija lo sabe bien. Su historia autonómica, marcada por avances y retrocesos, es también la de un departamento que buscó siempre incidir de manera más directa en la administración de sus recursos y en la definición de su destino. No se trata solo de gas y regalías, sino de una convicción democrática: que quienes viven en el territorio deben tener mayor capacidad de decidir cómo se administran la salud, la educación, la seguridad ciudadana o la infraestructura.
La autonomía departamental no es un capricho político: es la vía más eficiente y democrática para gestionar servicios y garantizar que cada región pueda responder a sus propias necesidades.
La autonomía departamental es, además, un instrumento de equidad. Permite que cada región pueda diseñar políticas públicas adaptadas a su realidad y necesidades, evitando la camisa de fuerza de un modelo uniforme dictado desde La Paz. En tiempos de crisis, centralizarlo todo suele ser la tentación fácil, pero también el camino más ineficaz: lo que funciona en El Alto no necesariamente responde a las demandas de Bermejo, y lo que necesita el Chaco es muy distinto de lo que requiere el altiplano paceño.
El país debe dar un salto cualitativo en la implementación de las autonomías. Eso significa transferir competencias reales, garantizar recursos suficientes y, sobre todo, respetar la institucionalidad departamental como un actor legítimo en la construcción de Estado. Y al mismo tiempo, significa que los departamentos deben asumir con madurez esa responsabilidad: planificar con visión, administrar con transparencia y rendir cuentas con rigor.
En el fondo, la autonomía es un pacto de confianza. Confianza entre el nivel central y los territorios, confianza entre ciudadanos e instituciones. No puede estar sujeta a los vaivenes de la coyuntura electoral ni al cálculo partidario de turno. Se trata de una política de Estado que debe consolidarse como parte del ADN democrático boliviano.
El 19 de octubre se definirá quién ocupará la silla presidencial. Pero la verdadera discusión de fondo —la que trasciende gobiernos y gestiones— es si seremos capaces de construir un país donde las regiones tengan voz y voto efectivos en su propio destino. Defender la autonomía departamental es defender la eficiencia, la democracia y, sobre todo, el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos.
