Bolivia y la gran estafa
Hoy en El País iniciamos una serie de reportajes que profundizan en el gran cambio que no fue: el del sistema financiero
Aunque falta de desvelar el principal misterio, gran parte del resultado de la contienda electoral ya se ha desvelado: el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha salvado la sigla de milagro y las campanas redoblan a su paso, pero el movimiento nacional popular sigue siendo decisivo en las elecciones, y aunque la “derecha liberal formal” ha entrado en la segunda vuelta, el país ha quedado lejos de registrar un vuelco hacia esas posiciones.
El asunto merece un análisis a profundidad pues aunque los apuntes rápidos señalen que “la izquierda ha perdido” en referencia al MAS, y aunque algunos de sus ideólogos – como Álvaro García Linera -, que llevan años intentando forzar una caracterización de izquierda progresista de ese movimiento popular, alegue extravíos y conspiraciones transnacionales para justificar la derrota, lo cierto es que ese movimiento popular nunca ha salido de sus posiciones, ni en lo económico, donde la principal exigencia siempre ha sido pedirle al Estado que no moleste y le deje hacer; ni mucho menos en lo social, donde los valores conservadores son piedra angular.
Que estas posiciones no hayan cambiado en 20 años de gobierno del MAS tiene razones más concretas que el hecho de que no haya cambiado la matriz productiva o algunos sectores - principalmente el empresarial nacional - no hayan cumplido con su función social como suelen argumentar en los círculos más izquierdistas, y es que el manejo del sistema financiero nunca ha permitido que el crédito fluya hacia el verdadero sujeto político, como tampoco se ha garantizado la igualdad de oportunidades entre todos los bolivianos.
Hoy en El País iniciamos una serie de reportajes que profundizan en el gran cambio que no fue: el del sistema financiero. Una serie de reportajes que explora no tanto en las ganancias, sino en las conexiones, indolencias, arbitrariedades y escándalos que los sucesivos gobiernos de Evo, Álvaro y Luis Arce han, como mínimo, tolerado, bajo el paraguas normativo ideado en la era de Gonzalo Sánchez de Lozada – otrora archienemigo del IPSP - y que, esencialmente, no ha tenido variaciones.
El conjunto de reportajes explora el rol de la Gestora Pública de Pensiones, heredera de las AFP privadas, siempre sometidas a las directrices y órdenes del poder político. También a los vacíos deliberadamente diseñados. Contrastan poderosamente los rendimientos obtenidos en la banca privada con el escuálido porcentaje de retorno que obtiene el conjunto de los jubilados del país, cuyos ahorros constituyen el principal fondo de inversión del país del que se ha nutrido la banca, sin que ello haya supuesto una mejora de los ciudadanos a los servicios crediticios.
Una serie de reportajes que explora no tanto en las ganancias, sino en las conexiones, indolencias, arbitrariedades y escándalos que los sucesivos gobiernos de Evo, Álvaro y Luis Arce han, como mínimo, tolerado
La serie de reportajes también explora uno de los grandes mitos del país que se atribuyen al gobierno del MAS: el de la Inversión extranjera directa, descubriendo los particulares manejos de muchas de estas empresas extranjeras afincadas en el país y que obtienen financiación de la misma Gestora Pública a través de la Bolsa Boliviana de Valores, que incluso, son repatriados a sus países de origen en dólares, escasísimos en el país, pero de acceso preferente precisamente para estas empresas a través de la Ley de Inversiones Extranjeras diseñada a la medida de estos grupos corporativos por la parte econónima del Gobierno que siempre controló Luis Arce.
Cuando los ingresos por el gas que obtenía el Estado cayeron a partir de 2016, el sistema no estaba listo para reemplazarlo. Pero no fue un accidente. Depurar las responsabilidades de un sistema que se convirtió en sangría para el país mientras daba grandes beneficios para otros dependerá del próximo gobierno. Estar atentos para que el sistema no cambie de manos silenciosamente y continúe reproduciéndose, depende, sin embargo, de todos los ciudadanos.
