Los ajustes democráticos necesarios
La jornada electoral del 17 de agosto fue exitosa, pero en el proceso ha habido demasiados lunares que el TSE y la próxima Asamblea debe corregir
Acabada la primera fase de la elección presidencial, con la segunda vuelta en marcha y con la distribución de las cámaras ya fijadas sin que se hayan registrado incidentes relevantes, se puede celebrar que Bolivia vivió una jornada dentro de los parámetros de la normalidad democrática.
Los datos del sistema de conteo rápido desarrollado internamente por el Tribunal Supremo Electoral fueron consistentes con los de los conteos rápidos de las cadenas privadas y finalmente con los del cómputo oficial, algo que no debería ser nada “a celebrar”, sino la constatación de un hecho ordinario: el sistema electoral de Bolivia es absolutamente transparente y muy difícil de manipular, porque el conteo es público y todo el mundo tiene el derecho a fiscalizar, y porque además, los ciudadanos elegidos para custodiar las mesas son gente honesta. Agitar fantasmas de fraude mientras se obvian los sistemas elementales de control ciudadano ahonda en la ignorancia.
La desinstitucionalización del país es profunda, del legislativo y lo judicial a lo policial o electoral, y solo se recuperará por la vía democrática
Ahora, que el día de la elección haya sido pulcro no quita que el proceso haya sido una sucesión de despropósitos, cargado de burocracia e interferencias que no han hecho al objeto la democracia, que es garantizar la participación más amplia posible, sino más bien lo contrario. Que uno de los vocales se dedique a sembrar dudas permanentemente; que otra haya tomado cuatro meses de vacaciones en el momento central del proceso electoral o que los siete vocales no hayan podido elegir un presidente firme desde marzo son sin duda distorsiones que no ayudan.
De entrada, el proceso partió entre dudas y eliminando uno de los elementos que contemplaba la Ley: las elecciones primarias, que sin duda le hubieran ahorrado una buena millonada a algunos candidatos.
Después se anularon personerías jurídicas a partidos a los que se les había dado innumerables prórrogas aun tratándose de hechos insubsanables mientras que se aprobaron otras en tiempo récord con un cumplimiento de los requisitos más que cuestionables.
Para acabar, las normas contemplan plazos inadmisibles e intolerables, como permitir que los partidos sustituyan candidatos hasta tres días antes de la elección, y que sus nombres no sean públicos hasta unas horas antes de que los ciudadanos vayan a las ánforas.
Hay normas que requieren retoques y ajustes, pero hay cuestiones de fondo que deben ser garantizadas, pues hablamos de derechos políticos fundamentales. En esta elección han quedado fuera dos opciones de voto: la de Jaime Dunn, por un asunto administrativo de hace dos décadas que nunca le importó a nadie hasta que fue candidato – mientras otros con todos los bienes anotados en tribunales seguían su curso – y la de Evo Morales, que más allá la antojadiza interpretación del TCP autoprorrogado del artículo 168 de la Constitución, se le han cerrado todas las puertas al conjunto de un movimiento que ha sumado un millón de votos al, afortunadamente, apostar por el nulo y no por la acción directa o el boicot.
La desinstitucionalización del país es profunda, del legislativo y lo judicial a lo policial o electoral, y solo se recuperará por la vía democrática. La experiencia del 17 fue positiva, pero queda todavía mucho por mejorar.
