Los bandos de la Justicia
El escándalo actual tiene un componente “especial”, que es el de identificar al propio ministro de Justicia como supuesto operador de la componenda ilegal
Si algo merecía haber sido arrojado al simbólico fuego de San Juan en esta edición de 2025 era sin duda el sistema judicial completo, pues hace años que creemos que ha tocado fondo, y siempre vuelve a sorprendernos.
El escándalo reciente del caso “consorcio” llama más la atención por el nombre de los involucrados, pero es apenas la punta del iceberg de un sistema podrido hasta la raíz que merece mucha más atención de la que le dedicamos unos y otros. No basta con haber aprendido a manejarse en esa marejada de aguas pestilentes, donde algunos se permiten incluso pescar. Se trata de arrancar de raíz el mal y volver a empezar, porque un país sin justicia es un país inviable.
Siempre vale la pena precisar que esto no es que sea novedad ni exclusivo de Bolivia, en todo el mundo y en todas las épocas han existido jueces corruptos al servicio de los intereses políticos o simplemente, económicos (aunque suele ser lo mismo) con abogados y fiscales que hacían de facilitadores y sí, siempre en última instancia es el poder político el que moviliza a las fuerzas represoras para hacer cumplir unas sentencias y no otras.
En Bolivia se han desarrollado especificidades insólitas, como las de hacer dormir en Sucre sentencias por “ejecutoriar” durante años o las de no aprehender a determinados personajes en determinados contextos y sí a otros. También se ha perfeccionado al máximo el “arte” de los consorcios, hasta el punto de no tener siquiera que dar demasiadas explicaciones: todo el mundo sabe lo que hay que hacer y cómo se hace.
Se ha tratado de un choque de trenes donde no hay ninguno santo y donde la moneda podía haber caído para cualquier lado.
Hace un par de años se pusieron al descubierto varios consorcios similares en todo el país, a cual más siniestro. No se trataba de casos de estafa u oros vinculados a la política, que siempre son más propensos. Se trataba de jueces y fiscales y abogados poniendo en libertad a violadores y feminicidas con certificados médicos y procedimientos oscuros. El escándalo saltó cuando uno de ellos reincidió en su propia casa, pero fueron decenas los casos rastreados en pocas semanas.
Se hizo escándalo, promesas y purgas, pero todo, evidentemente, quedó en propósito de enmienda y poco más, porque poco salió de ahí.
El escándalo actual tiene un componente “especial”, que es el de identificar al propio ministro de Justicia como supuesto operador de la componenda ilegal en una operación del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz contra la vocal de ese departamento en el Tribunal Supremo de Justicia. De momento César Siles y el resto del equipo está preso, aunque nadie explica si de verdad la vocal mintió en la acreditación de méritos de docencia, o no.
Por estos gustos nuestros, hay quien anda buscando motivaciones políticas detrás de la operación, pero lo que ha quedado al descubierto es mucho más simple que todo ello. Se ha tratado de un choque de trenes donde no hay ninguno santo y donde la moneda podía haber caído para cualquier lado.
Sin duda que las conspiraciones pueden existir, pero no se trata de elegir bando, sino de erradicarlas de cuajo. Esta legislatura ya se agotó sin pena ni gloria y es tarde para todo, pero la siguiente no puede desviarse: arreglar la Justicia es fundamental y la fórmula la de siempre: democracia y transparencia, sin contemplaciones.
