Rematar la planta de tratamiento

La planta de tratamiento de aguas residuales en Tarija es una infraestructura imprescindible por lo que su priorización en cualquier plan de gobierno no debería ser sorpresivo, pero a su vez, está tan demorada y tan amortizada políticamente, que siempre corre el riesgo de que pase al olvido.

Tarija debe ser una de las pocas ciudades de sus características que no cuenta con una infraestructura así en toda América Latina, que por cierto es también cementerio de estas mismas obras, pues a menudo no se completan, no se cuidan o no se utilizan como debieran por mala ubicación u otras causas no relacionadas precisamente a su ingeniería sino a la política que le acompaña.

La cuestión es que ese factor está aparentemente resuelto. Después de una década de promesas, el Ministerio de Medio Ambiente le cayó a un tarijeño con aspiraciones como Álvaro Ruíz, exalcalde de Uriondo, la región económicamente más amenazada por esa contaminación humana que asola al Guadalquivir, y decidió ponerlo en su agenda particular.

Ni las urgencias de fin de ciclo ni el clima electoral deben perjudicar un proyecto que ya está amortizado políticamente

Unaa vez solucionado el asunto logístico con el Gobierno Municipal, que ha cumplido con todos los trámites, la pelota quedó definitivamente en el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno, pues la Gobernación, asediada por las deudas y la caída de ingresos, hace tiempo que se apartó de esa pugna.

Los detalles aquí son importantes: El Ministerio y otros voceros han confirmado que el crédito de unos 65 millones de dólares lo otorgará la Corporación Andina de Fomento (CAF), a su vez vinculado con otras Agencias de Cooperación internacionales, además, han confirmado que ese crédito lo pagará el Tesoro General de la Nación con recursos nacionales, es decir, del Estado.

Este asunto es importante, pues con la renta petrolera que salió de Tarija durante década y media se han financiado carreteras, hospitales, aeropuertos e innumerables cabinas de teleférico en La Paz, mientras que a Tarija siempre se la han exigido contrapartes onerosas o, directamente, hacerse cargo íntegramente de los proyectos mientras se regalaban componentes. La interconexión del SIN hasta Bermejo, la ruta a Potosí, el Hospital Oncológico, el componente hidroeléctrico de Huacata entran en esas discusiones, pero lo más sangrante ha sido la represa San Jacinto y el hecho de seguir pagando el crédito de su construcción incluso después de que la Cooperación Italiana que lo financió se lo condonara al Estado.

El proyecto marcha aparentemente sobre ruedas unos 25 años tarde, pero es igual. El ruido de la campaña no debe hacer perder el horizonte ni sembrar falsos recelos que acaben por seguir postergando un asunto que es ya una cuestión de salud pública.

Ahora, las urgencias y el corto o largo tiempo que le quede al gobierno no deben servir tampoco para acelerar las situaciones y pasar por alto detalles que al final pueden resultar costosos para los tarijeños, como el rol de Cosaalt en todo esto o la propiedad del crédito adquirido.

Es hora de cerrar una cuenta pendiente, y hay que hacerlo rápido, pero con todos los recaudos. Se lo debemos al Guadalquivir.