Lo de la subvención a los hidrocarburos
Levantar gradualmente la subvención parece un paso inevitable, pero al menos debería hacerse con inteligencia, sensibilidad social y visión de futuro
Durante años, la subvención estatal a los combustibles ha sido una de las políticas más costosas y controversiales del país. Bolivia destina miles de millones de bolivianos anualmente para mantener bajo el precio de la gasolina y el diésel, con el argumento de proteger a los consumidores y evitar presiones inflacionarias. Sin embargo, esta medida, pensada como una solución temporal, se ha transformado en un peso estructural que compromete las finanzas públicas, distorsiona el mercado y retrasa una transición energética indispensable. Todos los saben y nadie hace nada en particular.
La situación actual es juzgada por insostenible por muchos sectores, aunque a la vez las encuestas indican que la población no está a favor de la retirada de esa subvención, e incluso las pocas medidas que se han tomado al respecto – como limitar el consumo subvencionado de quienes ya se benefician con la transformación a GNV – ha despertado críticas.
Levantar gradualmente la subvención parece un paso inevitable, pero al menos debería hacerse con inteligencia, sensibilidad social y visión de futuro.
Algunos sectores proponen, por ejemplo, un esquema de compensación directa a sectores vulnerables. Eliminar el subsidio de golpe sería social y políticamente inviable. Por ello proponen que una parte de los recursos liberados debe destinarse a compensar a quienes más podrían verse afectados: pequeños productores, transportistas de base, poblaciones rurales. Esta compensación puede adoptar la forma de bonos temporales, tarifas diferenciadas o apoyo técnico para reconvertir sus actividades.
Otros plantean una financiación urgente y extraordinaria para modificar el transporte público y hacerlo menos dependiente del diésel. Modernizar flotas, priorizar sistemas eléctricos o híbridos, e incentivar el uso colectivo sobre el individual no solo reduce el consumo de combustible, sino también mejora la calidad del aire y la movilidad urbana.
El otro gran desafío anotado por los expertos tiene que ver con la transición energética en el sector agroproductivo y en el transporte. Ahí consideran fundamental invertir en tecnologías limpias y accesibles: desde tractores eléctricos hasta sistemas de riego solares, pasando por incentivos fiscales para vehículos a gas natural o eléctricos. Tarija, por ejemplo, tiene un enorme potencial para ser pionera en el uso de energías renovables en el agro. Pero requiere liderazgo y decisión política.
En cualquier escenario, es vital entender que una medida de esta magnitud no puede tomarse de espaldas de la sociedad. Se necesita transparencia sobre cuánto cuesta la subvención, quiénes se benefician realmente y qué se podría hacer con esos recursos si se reasignaran. Un pacto fiscal y energético nacional debe construirse con datos, diálogo y voluntad de cambio. La idea de someterlo a referéndum el año pasado naufragó muy rápidamente.
La subvención a los combustibles ha sido, por años, una muleta. Hoy, esa muleta amenaza con convertirse en un ancla que impide avanzar. No se trata de eliminarla de un día para otro, pues son muchos los países que directa o indirectamente también subvencionan sus sistemas productivos, sino de diseñar un camino gradual, justo y viable para dejarla atrás. El país necesita esos recursos para construir futuro, no para sostener un modelo que ya no da más.
La transición será compleja, pero postergarla indefinidamente solo aumentará los costos económicos, sociales y ambientales. Es hora de mirar de frente el problema, hablarlo con la sociedad y actuar con responsabilidad. Más en pleno proceso electoral. Es el tiempo de llegar al fondo de estos temas con ideas concretas.
