La crisis como debate electoral

Si había alguna expectativa de que el país se mantuviera estable hasta elecciones tenía que ver precisamente con la posibilidad de que el presidente Luis Arce decidiera volver a candidatear. Con esa posibilidad descartada por él mismo, era cuestión de tiempo que la situación se agravase, pero tal vez nadie esperaba ni la velocidad ni la profundidad con la que se viene manifestando una crisis que, probablemente, será lo que acabe definiendo la elección del 17 de agosto, si la hay.

El hecho de Eduardo del Castillo haya asumido la candidatura con las siglas del MAS y saliendo desde el Gobierno no es una decisión orgánica ni mucho menos respaldada por el movimiento popular, sino una especie de huida hacia delante para mantenerse en las posiciones críticas contra Evo Morales y, en general, defender el relato del gobierno sobre que el problema de la crisis tiene que ver con la herencia recibida y con una supuesta traición del propio Morales, además de un boicot de “agentes externos”. En esto las discusiones sobre quién y cómo se ha derechizado y quién y cómo tuvo la responsabilidad pueden ser eternas, pero lo cierto es que la nacionalización solo tenía sentido con la industrialización – que se detuvo en 2015 – y que nunca hubo verdaderas políticas de redistribución de recursos más allá de cuatro bonos sueltos e infradotados y una priorización de inversión pública en el campo rural, lo que no ha ayudado a la cohesión social y ha generado grandes nichos de economía irregular constituidos ya como lobbys ineludibles.

Las élites políticas tienden a considerar fácil el disimular los alcances de lo que dicen, pero los bolivianos entienden perfectamente que nadie da nada gratis

La crisis económica se manifiesta en casi todos los sectores estratégicos. Especialmente visible resulta la provisión de hidrocarburos y los precios de los alimentos, que tienen componentes muy específicos relacionados al contexto internacional, pero también a lógicas de poder interno y determinaciones que se toman pensando más en quienes administran el negocio – la compra, la venta, la distribución, la exportación, la importación – que en el pueblo boliviano.

Hay otros factores que no se ponderan de la misma manera. Cada año ingresan miles de nuevos trabajadores al mercado, pero muy pocos lo hacen con todos los derechos, y al mismo tiempo, los salarios son cada vez más bajos: la reposición salarial de 2025 apenas ha sido del 30% del valor de la inflación, unido a la devaluación frente al dólar, los salarios que ya eran miserables lo son aún más, y sin embargo los trabajadores no encuentran respuestas ni en uno ni en otro lado que les permita tener esperanzas de futuro.

Pasa lo propio con quienes se aventuran a hablar de la retirada de la subvención a los hidrocarburos o, en general, a la energía. Casi todos hablan de eliminar y solo algunos hablan de alguna graduación, pero café para todos, pues sin ninguna herramienta que permita evaluar objetivamente las ganancias de las familias, hacer políticas en ese sentido resulta inviable.

Unos tal vez creen que se trata de convencer en cuánto tiempo “traerán dólares” o en mostrarse más amigos de “los organismos internacionales” que tienen la plata, como si eso no fuera a costar. Las élites políticas tienden a considerar fácil el disimular los alcances de lo que dicen, pero los bolivianos entienden perfectamente que nadie da nada gratis, y de ahí se ha desarrollado ese olfato especial para detonar la estabilidad social y política en el momento en exacto en el que perciben que alguien nos está estafando.

La economía será clave, pero en juego no está quien sacará antes a Bolivia de la crisis, sino más bien, quién hará que la paguen más unos que otros. Y ese es el mismo debate histórico que en este país y en este siglo ha marcado las pugnas electorales, un ejercicio de voto de clase que no se puede simplificar en simple “identificación indígena”, sino en que gobierne quien más se parezca a los gobernados.