Debatir la autonomía
El centralismo está ayudando más bien poco a resolver los problemas concretos y responsabilizar a las autonomías sin recursos no tiene sentido
Si bien a nivel nacional se vienen discutiendo los temas económicos que nos han llevado a esta crisis, aún sin demasiada profundidad, desde Tarija es urgente reabrir el debate del modelo de Estado, pues nuestra crisis empezó hace ya una década y hasta hoy, seguimos sin tener las herramientas suficientes para combatirla.
El precio del crudo – 100 dólares por barril - se empezó a hundir en el último trimestre de 2014, cuando el gobierno de Evo Morales avanzaba mecido sobre una ola de dólares de la exportación de gas hacia una reelección incontestable. El precio estuvo cayendo durante todo el 2015 y en el primer trimestre del 2016 apenas llegaba a 30. El Gobierno intentó compensar la caída bombeando a tope, de hecho en 2015 se batieron los récords de producción en el país, pero para entonces ya se habían disparado todas las alarmas: no se habían incorporado nuevas reservas de gas y los contratos de exportación con Brasil y Argentina estaban por acabar. Tampoco había industrialización, ni acceso al mercado del Gas Natural Licuado ni otra alternativa. El desastre era evidente para quien lo quería ver, aunque algunos empresarios muy exitosos dicen que se dieron cuenta muchos años después.
La solución está más arriba, y no es “solo” un Pacto Fiscal que entregue recursos, sino también de ordenar las competencias y asignarlas con decisión
Como Tarija vivía de las regalías de un producto que costaba caro y empezó a costar menos, el impacto inicial fue grave: En la época de bonanza entre Mario Cossío y Lino Condori se habían comprometido miles de millones en obras, autorizadas con simples certificaciones de disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Economía del hoy presidente Luis Arce, pero ya no había con qué pagar.
El precio del barril se fue recuperando poco a poco hasta rondar los 70 – 80 dólares que se ha mantenido más o menos estable desde entonces, pero los volúmenes también cayeron. Se eliminaron obras, se eliminaron programas, se redujeron estructuras, se pidieron créditos… y hasta hoy no hay forma de salir del atolladero.
En esas, la Asamblea Legislativa Departamental, que debería ser el órgano dinamizador de la política y la gestión, pero que se ha convertido en una suerte de nido de intereses mezquinos sin mayor trascendencia, tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad de la autonomía, porque no es viable “cerrar” ni huir de las responsabilidades asignadas, que en este caso tiene que ver con la solidaridad financiera y con reducirse a sí misma.
Sin embargo, la solución está más arriba, y no es “solo” un Pacto Fiscal que entregue recursos financieros del Estado a las regiones para que se impulsen, sino también de ordenar las competencias y asignarlas con decisión, huyendo de esa “concurrencia” que acaba por diluir el fiasco en la burocracia.
En un momento de emergencia como el actual, es vital un análisis certero. El centralismo está ayudando más bien poco a resolver los problemas concretos y culpar a las autonomías no tiene sentido, pues apenas han tenido capacidad de gestión desde su nacimiento. El debate de la autonomía es paralelo al de la salida de la crisis, y en esas, hará falta que Tarija vuelva a fijar sus horizontes para guiar la discusión.
