Tarija y la financiación de la autonomía
Bolivia en general y Tarija en particular ha confirmado por enésima vez que la venta de recursos naturales no apuntalan de verdad ni el desarrollo ni la estabilidad
Con la Ley de Emergencia Financiera de la Gobernación aun pendiente de su trámite en la Asamblea Legislativa Departamental, donde se tomará su tiempo dada la pericia de la mayoría de sus integrantes y sus aspiraciones, se espera poner punto y final a una agonía que empezó en 2016 con la caída de las regalías. Era apenas el inicio de la tormenta perfecta: caían los precios internacionales, se agotaban los pozos y las reservas en Tarija y los contratos de exportación llegaban a su fin sin haber apuntalado una alternativa real que atrajera dólares.
Desde entonces crisis, austeridad, recortes, etc., han sido las palabras de moda. El exgobernador Adrián Oliva, con más aspiraciones políticas, planteó planes de rescate, fue al choque con el Gobierno Nacional – del que salió trasquilado – y trató de capitalizar la culminación de algunas obras heredadas mientras enterraba otras. El gobernador Oscar Montes, que tomó la Gobernación ya en fase terminal, no se ha andado por las ramas y ha aplicado la motosierra de Javier Milei a gran escala sin trazar mayor horizonte a la gestión.
El “problema”, sin embargo, es el de siempre: los recortes seguramente son necesarios para adecuar la estructura a la realidad económica, pero eso no implica que las aspiraciones de autogobierno de este pueblo se hayan extinguido, ni que la autonomía no siga siendo la forma de gestión más eficiente de las que se pueden imaginar, pues no es coherente que alguien en La Paz planifique cuantos maestros hacen falta en Padcaya o cuantos médicos hay que desplazar a Caraparí.
Para extenuar el recorte hasta el punto de precarizar a tus empleados y no cumplir con los estándares mínimos de calidad y dignidad, pues vale más cerrar
Para extenuar el recorte hasta el punto de precarizar a tus empleados y no cumplir con los estándares mínimos de calidad y dignidad, pues vale más cerrar, que ese sí es un recorte que implica ahorro. Si no se está dispuesto a eso, los tarijeños tienen derecho a explorar otras vías de financiación de su propia autonomía, para que la voz de este pueblo aquí tan lejos siga siendo escuchada.
La clásica pasa por el “Pacto Fiscal”. El gobierno lo ha negado desde siempre, porque implica sobre todo una redistribución de competencias con sus ingresos y gastos asociados acorde y no está dispuesto a perder, sobre todo, el control sobre “las pegas”. Ahora, hay opositores que hablan de “50 y 50” en base a la coparticipación tributaria, es decir, lo que aportan las empresas residentes en cierto territorio y que para Tarija sería una ruina, pues las petroleras tienen domicilio fiscal en Santa Cruz y el resto factura más bien poco.
A partir de ahí queda la posibilidad de crear tasas (en la que pagan igual los que más tienen que los que menos) o impuestos (donde se supone hay cierta progresividad) para llenar la caja, pero los impuestos están “mal vistos” en estos tiempos de egoísmos y opacidad, salvo algunos: los que hacen a la contaminación, a la concentración de la propiedad o al lujo, además de aquellos que se pueden vincular a actividades de ocio y turismo que acaban formando parte del paquete completo.
Bolivia en general y Tarija en particular ha confirmado por enésima vez que la venta de recursos naturales a precio de gallina muerta, cuyos recursos se invierten después de forma errática, no apuntalan de verdad ni el desarrollo ni la estabilidad. Es tiempo de buscar nuevas fórmulas que hagan que este país, o esta autonomía, no dependan de la voluntad de los mercados.
