Reconstruir la autonomía

Por alguna extraña razón, existe entre los líderes políticos nacionales, todos ellos siempre enfocados en captar aliados y amigos en el eje central del país, una suerte de consenso que da por fallecida la autonomía en toda su extensión. Algunos proponen poco más que llorar en su velorio hasta que se olvide, otros recuperar modelos de descentralización con representantes designados y misiones más concretas – puramente administrativas – y otros hacen anuncios vistosos con las cosas que los vecinos quieren escuchar, sin abordar los temas de fondo.

Por lo general el planteamiento no difiere demasiado: es el gobierno central al que cada uno de ellos aspira el que tiene un análisis concreto y válido de lo que sucede en cada lugar del país y por ende, se trata de darle la confianza en las nacionales para que las cosas funcionen mejor.

Es evidente que esto no se sostiene en la realidad bajo ningún concepto por motivos muy concretos. En primer lugar, la autonomía descrita en el capítulo constitucional del texto aprobado en 2009 no ha sido desarrollada ni siquiera incipientemente en el conjunto del país, y segundo, de haberlo intentado hacer, los múltiples candados interpuestos y las indefiniciones en la distribución de competencias lo hubiera conducido al colapso, pero no ha sido así básicamente porque no se ha desarrollado: la mitad del país sigue funcionando con una Ley Transitoria sin tener un Estatuto aprobado, y quienes lo tienen y han logrado adaptarlo a la Constitución, han acabado escondiendo bajo la alfombra los asuntos más poderosos por la cuestión del dinero, que sigue siendo gestionado desde el Ministerio de Economía, quizá con más celo que nunca.

El desastre llegó cuando los ingresos se dispararon por encima de las capacidades de administración y se empezaron a tomar decisiones para gastar y no para construir 

Tarija es sin duda el gran ejemplo en este asunto, probablemente por ser el departamento que con más ahínco solicitó este régimen no por iluminación divina, sino porque desde la Colonia unos y otros se han ido repartiendo Tarija a su antojo, cambiándola de administración, incluso de país, nombrando gobernadores y prefectos, sin que de verdad nunca se hayan atendido sus problemas reales.

Al margen de esto, Tarija fue referencia a la hora de articular el Estatuto, de defenderlo, de después coordinarlo con la Constitución y, finalmente, en advertir los riesgos que contenía el proceso: su primer gobernador salió al exilio acosado por las denuncias de corrupción que le permitieron a la oposición accionar su censura, aunque años después esos artículos salieran del ordenamiento jurídico por no preservar la presunción de inocencia. El problema mayor, en cualquier caso, llegó con la plata.

La autonomía está construida alrededor de una aspiración de ingresos dependiente de la venta de los recursos naturales, es decir, de las regalías. En esas, las competencias son en prácticamente todos los casos concurrentes, es decir, a merced del entendimiento interinstitucional entre Gobierno Central, Departamental y Municipal. El desastre llegó cuando los ingresos se dispararon por encima de las capacidades de administración y se empezaron a tomar decisiones para gastar y no para construir: proyectos faraónicos aprobados sin respaldo plurianual, proyectos de competencia nacional pagados con recursos departamentales y cientos de promesas en todas las comunidades sin pensar apenas un segundo en su sostenibilidad futura.

Ahora, que la situación sea insostenible económicamente no quiere decir que el problema sea de la autonomía, sino de una construcción timorata que resultó fallida. Acabar con el autogobierno y digitar las voluntades desde La Paz no es ninguna solución, pues son además años de experiencia en esa dirección.

Antes de pelear la nacional, los políticos tarijeños deben ser capaces de explicar sus posiciones en este tema concreto. En Tarija se han hecho muchas cosas mal, pero eso no quiere decir que los tarijeños nos hayamos rendido. Es tiempo de repensar, no de abandonar.