La subvención gradual
Lo que es verdaderamente irresponsable es que en todo este tiempo no se hayan tomado medidas para reducir el consumo de combustibles o retirarla en usos privados o de ocio
En 2010 el gobierno de Evo Morales planteó la eliminación de la subvención a los carburantes con los mismos argumentos que se utilizan ahora: cuesta demasiado. La subvención a los combustibles se instauró con Hugo Bánzer y los diferentes gobiernos hicieron pequeños ajustes en precios y fórmulas, pero nadie desde entonces se atrevió a eliminarla.
Cada año son miles de millones de dólares los que gasta el Estado en traer combustibles que después distribuye a precio subvencionado sin ningún tipo de restricción o calificación de los beneficiarios: se beneficia igual el vehículo privado de 4.000 centímetros cúbicos de motor que llena el tanque para pasear por el lago San Jacinto que la flota Santa Rita que lleva pasajeros de Chocloca a Villazón o el tractor Massey Ferguson que sulfata centenares de hectáreas de soja en el oriente que después saldrán de contrabando por Brasil o por la hidrovía del Paraná hasta Rosario.
Siempre cabe recordar que en todo el mundo, casi todos los países, subvencionan directa o indirectamente los sectores estratégicos en general y los agroalimentarios en particular
Morales tardó una semana en retirar la medida, de Navidad a Año Nuevo, ante la amenaza de hecatombe que sus bases pronosticaron y nunca más volvió a acordarse de ella. En el gobierno de Áñez se aprovechó el parón de la pandemia para hacer algunos negocios bárbaros con la gasolina “verde”, y Luis Arce llegó a plantear incluso un referéndum que le acabó negando el TCP justo en unos meses en los que parecía que iban a dejar el cargo de verdad.
Muchos analistas y economistas ortodoxos refieren a la eliminación de esta medida como el único camino para recomponer la economía nacional y los políticos más osados (o con menos intención de voto) también la respaldan cuando no hay mucho público, sin embargo es una simplificación considerar que la única razón para sostener la subvención es el interés electoral, pues es la subvención a los hidrocarburos la que mantiene precios bajos en sectores clave, como el transporte y la agroindustria, además de sostener muchos puestos de trabajo.
Durante años el beneficio colectivo ha sido más o menos evidente – precios bajos en los mercados, tanques baratos para pasear y magníficos márgenes de beneficio en los cupos de exportación al precio internacional - a pesar del contrabando y otros errores en el engranaje de la cadena, pero las cosas se han ido complicando desde el momento en el que han empezado a escasear los dólares por la baja de los ingresos del gas. La liberación de las exportaciones ha tenido exactamente el efecto en el mercado interno que desde siempre se predecía que tendría y la especulación y el contrabando a gran escala han hecho mella.
Sin rasgarse las vestiduras, es evidente que levantar la subvención de una no es viable políticamente, y siempre cabe recordar que en todo el mundo, casi todos los países, subvencionan directa o indirectamente los sectores estratégicos en general y los agroalimentarios en particular.
Lo que es verdaderamente irresponsable es que en todo este tiempo no se hayan tomado medidas para reducir el consumo de combustibles – mejorando el transporte público, fomentando ciclovías, apostando por el transporte de alta capacidad, trenes, o cualquier otro similar – y ni siquiera se haya podido retirar la subvención a los usos privados o de ocio.
Entre el blanco y el negro hay muchos grises, y sin duda una estrategia de país para pasar de uno a otro de la forma menos traumática posible hubiera sido en beneficio para todos. Tal vez aún haya tiempo.
