La decisión de YPFB
Después de una década con problemas en hidrocarburos, YPFB debe tomar decisiones de fondo sobre un sector central en la economía del país
El asunto es tan delicado como inexplicable, pero ahí sigue. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sigue siendo la empresa más importante de Bolivia y los ingresos fiscales referidos al gas, los de mayor relevancia junto a los de la minería, que efectivamente podrían rendir de otra manera, sin embargo, los esfuerzos que se están poniendo sobre la parte esencial de la cadena de hidrocarburos no son proporcionales a esa importancia.
La piedra angular de todo el negocio son las reservas. Saber dónde hay gas y petróleo, pues a partir de ahí se construyen el resto de planes. En Bolivia la actividad exploratoria casi siempre ha corrido a cuenta de la empresa estatal. Jaime Paz suele reivindicar que los principales pozos de Tarija, San Alberto, San Antoni y Margarita los descubrió “su” YPFB. En la última nacionalización, sin embargo, YPFB no se institucionalizó y no priorizó la labor de exploración de forma autónoma y ni siquiera conformando las empresas participadas como YPFB Chaco y YPFB Andina, con Petrobras y con Repsol, que funcionan exactamente como lo hacen las empresas privadas, el asunto fue puesto en cartera de forma urgente, pues más allá del discurso, hacían falta recursos, y los recursos siempre estuvieron a la disposición de la campaña.
En 2015 todas las alarmas habían sonado y el ministro de ese entonces, el tarijeño Luis Alberto Sánchez, tomó las medidas aparentemente necesarias para enfocarse en la prioridad de la exploración: Paralizó la construcción de la petroquímica en el Chaco, levantó la protección de las áreas naturales protegidas y las mercadeó con esfuerzo dado que ya contaban con estudios avanzados y optó por una “política de incentivos”, es decir, pagar más por el mismo trabajo si se hacía más rápido.
El abandono del sueño de la industrialización fue “festejado” por todo el arco parlamentario que nunca tuvo fe en el país. Quedó a la deriva una planta separadora de grandes dimensiones que nunca cumplió con su objetivo. Unos mil millones de dólares.
El levantamiento de las áreas protegidas otorgó un par de áreas de alta probabilidad justamente al consorcio de YPFB Chaco y Petrobras, ambas en Tariquía, Astilleros y San Telmo, que sin embargo no han avanzado aun cuando la oposición vecinal fue debilitada rápidamente en los primeros años. Se ha reforzado ahora, casi siete años después, ante lo que parece una falta de voluntad que alguien debería explicar.
Mientras, la política de incentivos nunca funcionó: asumir la responsabilidad de la exploración con técnicas tradicionales es costoso, la garantía de éxito baja y el cambio de paradigma energético, aunque tarda en llegar, parece irreversible.
Como fuere y después de una década en este descenso, YPFB debería asumir al fin una posición al respecto, priorizar recursos, buscar aliados o definir como sea una estrategia que logre consolidar ese negocio. Tal vez es cambiar la Ley, tal vez es olvidarse para siempre, como fuere, la indefinición está costando demasiado.
