La agonía de la economía nacional electoral
La inminencia electoral acelerará el gasto para sostener las cuentas, pero no abordará soluciones impopulares; lo bueno: que sea quien sea quien gane tendrá que hacer algo en serio
Se acerca el fin de año 2024, un año que esencialmente ha sido el de la manifestación de una crisis que se lleva años augurando y que, aún así, no acaba de estallar. Los teóricos tienen múltiples teorías que explican el momento, mientras que el gobierno exhibe justificaciones de todo tipo para culpar al entorno y a la herencia recibida.
Los más profanos tienen los datos más o menos claros: antes había gas, se vendía a buen precio en dólares y con eso se pagaba el combustible subvencionado y quedaban para importar. Ahora básicamente no hay gas ni ningún otro producto de las múltiples iniciativas de empresas públicas que se han anunciado por años – fundamentalmente el litio, pero también el acero o la electricidad – que pueda sustituir los ingresos del gas, y así estamos.
Nadie, ni en el gobierno aparentemente socialista de Luis Arce, ni en la Gobernación, quieren oír hablar de impuestos o tasas que incrementen los ingresos
Sobre el gas hemos hecho en este diario muchos análisis y reflexiones desde hace más de una década, cuando advertíamos que la estrategia de priorizar la exportación por sobre la industrialización y sin asegurar recursos para una exploración propia, sino esperar “la venia” incentivada de las empresas transnacionales podía conducir al desastre. Así fue y no hace falta ahondar mucho más en el tema, pero que conste en acta.
Para algunos bastaría con eliminar la subvención a los combustibles para sanear las cuentas, pero incluso las encuestas más liberales dan cuenta de las dificultades que provocaría una medida así que el presidente Luis Arce intentó que se decidiera en referéndum y el TCP lo negó. Además, más allá del problema social que generaría por el incremento de precios y la destrucción de puestos de trabajo vinculados directamente a este asunto, tampoco ayudaría especialmente a los exportadores, que verían reducidos sus márgenes de ganancia y competitividad en el mercado internacional.
En Tarija el gobierno departamental lleva ocho años aplicando recetas de austeridad, otra de las medidas reclamadas en esferas políticas de cara a la administración del Estado. Los resultados hasta el momento son negativos en lo que se refiere a datos de crecimiento y empleo, e incluso se viene detectando una migración acelerada en determinados municipios.
En la práctica, la gobernación ha quedado reducida a administrar ciertos servicios públicos – mantenimiento de carreteras locales, algunos servicios de salud – y algunos programas como la entrega de la canasta alimentaria a adultos mayores o el otrora demonizado Programa Solidario Comunal (Prosol) y el problema parece ser de ingresos, en parte por una redistribución inadecuada, y en otra parte, porque nadie, ni en el gobierno aparentemente socialista de Luis Arce, ni en la Gobernación, quieren oír hablar de impuestos o tasas que los incrementen.
Tal vez la peor de las noticias es que después de 2024 viene 2025, un año electoral en el que el Gobierno no tomará ninguna medida y gastará el presupuesto a como de lugar para remar en los primeros seis meses del año, y la oposición no concederá ni la más mínima opción de dialogar soluciones de mediano plazo, pero probablemente tampoco desvele del todo sus intenciones, por si acaso.
Lo bueno tal vez también sea esa misma “noticia”. En algún momento se tendrá que terminar este juego de poses y medias verdades para asumir de verdad una posición sobre el futuro de Bolivia. Las decisiones hay que tomarlas.
