La Asamblea y el futuro
Seguro que los legisladores alcanzarán un acuerdo que garantice la utilidad de la Asamblea Legislativa como paladín de la autonomía y crisol de la tarijeñidad
La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija parece haber despertado de su largo letargo y ya con el calendario electoral en descuento, ha empezado a hablar de la necesidad de ajustarse el cinturón, no solo en esta gestión, que es algo urgente o deberá rendir cuentas, sino en el mediano plazo. En esas está tomando el camino señalado ya por varios de los asambleístas, algunos de ellos "padres" de la institución desde su definición en el Estatuto y por ende, responsable en su diseño descomunal.
Ese camino no es otro que el de la reducción de asambleístas, pues Tarija, con sus treinta titulares y treinta suplentes para una población de medio millón de habitantes, cinco provincias y una región autónoma, es de por sí la más superpoblada del país, que nada de malo tendría eso si no costara lo que cuesta.
En ese debate de la reducción se están recibiendo propuestas de lo más variopintas, como quienes plantean crear circunscripciones sectoriales – gremiales, campesinos, etc. – y abandonar los preceptos clásicos que se contemplan normalmente en cualquier democracia liberal representativa: el de población y el de territorio, pero ojo, no es tan descabellado en una democracia como la nuestra que ya cuenta con la excepcionalidad indígena para reservar curules, algo que seguramente también se debería repensar en esta reforma.
La distribución actual tuvo mucho que ver con los pactos políticos amarrados en el territorio para cerrar el Estatuto Autonómico de Tarija y que viera la luz en el plazo adecuado, en cualquier caso, se disputan 27 curules, 12 elegidos por territorio (dos por cada provincia por sistema proporcional) y 15 por población (seis en Cercado, cuatro en el Chaco, dos en Arce y uno en Méndez, Avilés y O´Connor). A eso se debe sumar los tres asambleístas de los pueblos indígenas, uno por el pueblo guaraní, que es el mayoritario, presente en la zona de Entre Ríos y de Yacuiba; uno por el pueblo weenhayek en Villa Montes y otro por el pueblo tapiete, de muy baja población, también en Villa Montes.
Reducir un 50% la representación, pero mantener los tres curules indígenas alteraría seguramente el sistema representativo entrando en grandes riesgos de prebendalismo, por lo que aunque parezca un tema tabú, es necesario que la Asamblea aborde con el mismo espíritu que el resto del debate la reducción de la bancada indígena.
Sobre el resto de criterios, sin duda, los legisladores alcanzarán un acuerdo que garantice la utilidad de la Asamblea Legislativa como paladín de la autonomía y crisol de la tarijeñidad, pero conviene no perder de vista el criterio que el departamento debe sostener en los debates sobre el Pacto Fiscal y el futuro del país, en el que el criterio poblacional no debe ser el que se privilegie para el reparto de los recursos y el poder, pues eso funciona exactamente como una aspiradora, atrayendo más población y dejando las periferias vacías y en riesgo.
Que la Asamblea retome al menos el pulso ya es una buena noticia, reconstruir la autonomía, tan golpeada por los excesos de los ejecutivos del pasado, es una obligación que les compete. El Legislativo tiene que ser el lugar donde se generen las ideas, el motor que impulse el cambio, el desarrollo y la conciliación departamental. No es tiempo de renunciar a la autogestión, sino de perfeccionarla, hacerla eficiente y efectiva y garantizar su sostenibilidad. Vamos al referéndum sin miedo.