El litio y la opacidad
El plan es lograr que el máximo valor añadido de la explotación de los recursos se quede en Bolivia, pero con la máxima transparencia
Después de una vida entera hablando de la necesidad de industrializar los recursos naturales en nuestro territorio para asegurar que ese valor agregado repercuta en los bolivianos y después de unas cuantas experiencias fallidas, no conviene aproximarse al litio sin recordar la historia, pero tampoco sin tomar en cuenta las experiencias que se han dado en otros países y sobre todo, el contexto actual y el cómo se están haciendo las cosas.
El caso de las minas es uno de los más sangrantes. El Estado no pudo con todo, la privatización supuso el asalto, pero sobre todo, la proliferación de pequeñas cooperativas que, en realidad, solo encubrían unidades productivas de grandes transnacionales que se beneficiaban del producto sin pagar los impuestos de ley y sobre todo, desentendiéndose de los trabajadores.
¿Se podía haber hecho de alguna otra manera? Seguramente sí, por ejemplo, vendiendo los derechos de explotación al mejor postor con todo lo que supone
El caso del gas ha tenido muchas más fases, pero por lo general, las reservas nacionales, la mayoría de las veces descubiertas por YPFB, se fueron entregando a transnacionales que pagaban míseros impuestos sin dejar valor agregado, y después, con la nacionalización, se elevaron dentro de un esquema de “socios y no patrones” que, sin potenciar a YPFB para que asumiera la totalidad de la cadena, solo consiguió que se vaciara lo encontrado hasta entonces y se dieran a la fuga después, pues nadie asume los riesgos.
El caso del litio no tiene por qué ser igual a ninguno de los conocidos, sobre todo porque el propio material del que estamos hablando está librando su suerte en un mercado aún en formación. Después de celulares y computadoras, nadie sabe muy bien hasta donde llegará la aventura del coche eléctrico y el resto de las aplicaciones civiles del material, pero sin duda, hay una apuesta porque esto sea irreversible en un mediano plazo.
Quizá el proceso inició excesivamente cargado de ideología. El plan era abordar el proyecto de forma integral, asumiendo todos los riesgos y todos los costos, comprando e incorporando, cuando no desarrollando, toda la tecnología necesaria para que así fuera, y el resultado es una planta de carbonato de litio 100% boliviana que ha tardado más de una década en ver la luz.
¿Se podía haber hecho de alguna otra manera? Seguramente sí, por ejemplo, vendiendo los derechos de explotación al mejor postor, con todo lo que eso sabemos que implica en beneficios para los gestores.
También a través de sociedades mixtas de las que suman, es decir, de las que se constituyen con el fin exacto de lograr que el valor agregado de la industrialización se quede en Bolivia, y en esas, la participación del Estado parece clave, y esa es precisamente la estrategia que se pretende seguir con la implementación de la tecnología de Extracción Directa, que permite producir mayores volúmenes que con el proceso evaporítico, y para el que se están invitando a empresas y países extranjeros a participar del proceso.
Lo que no tiene sentido es que esos convenios se guarden bajo llave y se pongan siete candados a un texto que debe ser público y estar al alcance de todos, pues de lo contrario, lo único que hace es sembrar sospechas, más cuando se han insinuado manejos turbios en la gestión de esos proyectos.
El proyecto de litio es demasiado importante para los bolivianos como para contribuir arrojando sombras sobre el mismo por motivos irracionales. Ojalá pronto alguien aplique la sabiduría suficiente como para abrir las ventanas y que entre la luz.
