La farra de la Asamblea Departamental

No es posible que a los tarijeños se les pida esfuerzos en nombre de la austeridad mientras los legisladores se farrean un cuarto de millón de dólares extra en no se sabe qué.

La Asamblea Legislativa Departamental ha cerrado 2023 con un déficit próximo a los dos millones de bolivianos, lo que supone casi un 10% respecto a su presupuesto aprobado lo que en sí es un desfase muy relevante, pero más si se pone en relación con el trabajo realizado por el que era el órgano más importante de la autonomía departamental, pero que ha quedado relegado a ser una institución meramente decorativa donde políticos livianos administran pegas y selfies para su reducido círculo de leales.

El presupuesto tarijeño se ha reducido sustancialmente en la última década y muchos de los excesos en los que fue incurriendo la autonomía y su estructura se han ido eliminando. No así la Asamblea Legislativa Departamental, que sigue contando con 30 legisladores titulares y otros tantos suplentes, con una legión de asesores de quién sabe qué y para qué, vehículos oficiales, abogados, administrativos, etc.

Los asambleístas capitaneados por Alan Barca se han tirado dos millones de bolivianos en gastos que nadie sabe para qué sirven, pues hace tiempo que el trabajo legislativo no sirve para nada.

En algún momento la Asamblea Legislativa Departamental, con sus 30 millones de bolivianos de presupuesto, era la más cara del país siendo el territorio más pequeño y la sexta población, pero los ingresos de regalías eran tan grandes que nadie le daba demasiada importancia. Eran 30 entre 5.000, como quien dice.

En la actualidad, después de algunos ajustes y cosméticas bajadas de sueldo en tiempos electorales, inmediatamente repuestos al acabar el periodo, el presupuesto de este sigue rondando la misma cantidad, pero los ingresos de regalías apenas alcanzan a 700 millones y serán muchos menos en muy poco tiempo.

El asunto es más grave de lo que se está reconociendo. Los tarijeños llevan muchos años haciendo sacrificios en el nombre de la austeridad. Aceptando condiciones paupérrimas en algunos servicios por la simple razón de que “no hay plata” y de que hay que “ordenar la casa”. Mientras tanto, los asambleístas capitaneados por Alan Barca se han tirado dos millones de bolivianos en gastos que nadie sabe para qué sirven, porque todo hay que decirlo: hace tiempo que el trabajo legislativo no sirve para nada.

El asunto requiere más que una explicación – pues unos y otros se arrojarán sus piedras y culpas – una asunción de responsabilidades honesta. O penal.

Después será necesario ordenar el rumbo. Poner los salarios en el nivel sostenible para 2024, recortar el personal de apoyo, prescindir de todos los lujitos que se gastan los asambleístas de este pueblo llano en el que nadie necesita vagoneta con chofer. No es posible que a los tarijeños se les pida esfuerzos, que a los ancianos se les recorte la canasta y que se pelee por cifras ridículas del Prosol mientras los legisladores se farrean un cuarto de millón de dólares en no se sabe qué.

Tarija tiene vocación autonómica y la Asamblea debe ser capaz de recuperar el prestigio perdido, abordar los temas importantes, generar alternativas normativas y sí, también presentar batalla al centralismo secante que sigue dominando la política nacional. Para eso no hace falta multiplicar el presupuesto, sino que quien lo administre tenga la capacidad política de hacerlo, que de momento, no es el caso.


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