El TCP, Arce y el orden Constitucional
Al fin y al cabo, es el mismo tribunal que no enmendó la herencia recibida sobre la repostulación de Evo en 2019 y el que avaló la sucesión de Jeanine Áñez.
Más de 48 horas después del fallo del Tribunal Constitucional sobre la consulta del Tribunal Supremo en la que ha actuado de juez y parte prorrogando el mandato de los tribunos electos, la sede de la soberanía nacional sigue sin articularse para dar una respuesta acorde a la ofensiva.
El asunto es por demás grave y es el resultado, sobre todo, de la incompetencia legislativa, mezclada con esa falacia de la democracia liberal que es la separación de poderes en un país de tantas urgencias como el nuestro y que aún así, hay que tratar de defenderla por los cauces que correspondan.
La Constitución contempla la elección directa de los máximos magistrados de las principales instituciones judiciales: El Tribunal Constitucional, el Supremo, el Agroambiental y los magistrados del Consejo de la Magistratura, que al fin y al cabo son quienes se encargan de poner y quitar al resto de jueces en todos los departamentos e instancias. Se trata de un avance democrático que, en su diseño ideal, casi utópico, impediría la politización “al deberse al pueblo y solo al pueblo” y no a los tradicionales pactos en los parlamentos, que es como se elige a los altos magistrados en la inmensa mayoría de los países del mundo, salvo en aquellos donde es el presidente el que tiene esa potestad eligiendo magistrados con carácter vitalicio.
Que el Tribunal Constitucional no puede decidir sobre su propia continuidad es un hecho que no soporta siquiera una discusión
Sin embargo, esos artículos, como todos los demás, están sujetos a las leyes que sobre la materia dictan los legisladores en la Asamblea Plurinacional, sede de la soberanía popular y responsables de que sus disposiciones y mecanismos funcionen. Es ahí donde se definen los plazos, las formas y todo lo demás, obviamente de acuerdo a la norma que es la misma Constitución y que es el TCP el que vela porque así sea.
Que el Tribunal Constitucional no puede decidir sobre su propia continuidad es un hecho que no soporta siquiera una discusión. Que hay un aplazo mayúsculo en el Legislativo, que ha sido incapaz de cumplir los plazos para proponer una norma ajustada a los requerimientos constitucionales, tampoco. Que probablemente tampoco se hubiera dado, en tanto se ha permitido que el TCP intervenga con carácter previo en un proceso que le afecta directamente es una sospecha fundada. Que el principal interesado en que sea este TCP el que se mantenga y no otro es el ejecutivo de Luis Arce no solo es una evidencia, sino que así lo están demostrando todos sus acólitos que han salido a justificar lo que a todas luces es una patada a la democracia y sus normas incluido el propio Presidente, que ha optado por minimizar el tema y exculparse en el Legislativo.
Que la determinación coincida con la “ayudita” dada desde ese mismo organismo para que el TSE instruya al MAS repetir el Congreso de Lauca Ñ lo podemos tomar como anécdota. Al fin y al cabo, es el mismo tribunal que no enmendó la herencia recibida sobre la repostulación de Evo en 2019 y el que avaló la sucesión de Jeanine Áñez.
Ahora, mal haría el presidente Arce en sentirse cómodo en esta circunstancia y a tenor de los antecedentes. Subvertir el orden constitucional y de sus poderes es una trampa de la que nadie se libra.
