El “golpe” de 2019 y el honor militar

Militares de la más alta graduación involucrados en los hechos de 2019 están aceptando que conformaron una asociación delictuosa

En estos días hace cuatro años, recién empezaba a tomar fuerza la protesta contra el expresidente Evo Morales y las elecciones de 2019. Ni siquiera era un problema del resultado, en el que a esas alturas ya nadie creía, sino contra el proceso en general, desde la habilitación del mencionado para una tercera reelección no solo prohibida constitucionalmente, sino negada en la petición de excepción que se había realizado en referéndum, pero, sobre todo, contra la forma burda en la que se llevó adelante el conteo.

A estas alturas el Tribunal Electoral culminaba el proceso de conteo y firmaba un acta con el 10,5 de distancia entre el primer candidato, Evo Morales, que rondaba el 47% de los votos, y el segundo, Carlos Mesa, que se había quedado en el 36, la distancia exacta para no ir a la segunda vuelta.

Para entonces el procedimiento ya se había viciado completamente, varios Tribunales Electorales habían sido asaltados y se habían quemado ánforas en varios departamentos por parte de opositores al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero la mecha se había encendido el domingo mismo con una decisión poco explicada que devino después en un resultado matemáticamente casi imposible.

El conteo rápido, que es el que se usa en todo el mundo – lo acabamos de ver en Ecuador, Argentina, etc., - se detuvo aquella noche pasado el 80% del escrutinio con una diferencia que rondaba el 7% y cuando se reanudó al día siguiente, la diferencia ya era del 10,5%, un cambio de tendencia insólito e inédito en cualquier democracia moderna.

Cabe preguntarse en este punto qué clase de Fuerzas Armadas estamos sosteniendo en este país si sus más altos comandantes son capaces de aceptar cualquier cargo para salir de prisión.

Aquello encendió las calles y el aspirante, Carlos Mesa, empezó a mover fichas de una forma bastante clásica: conformó una suerte de coordinadora y pidió la mediación internacional, aunque para aquel entonces se desconfiaba de Luis Almagro, secretario General de la OEA, y que unos meses atrás había validado la candidatura de Morales mientras bailaba cuecas en el Chapare. Tanto era así que el propio gobierno aceptó la revisión y dijo someterse a su dictamen. Nadie le obligó a hacerlo, pero lo hizo.

Aún así, la protesta no prendió en serio hasta la segunda semana, cuando ya se había consolidado la figura de Luis Fernando Camacho a base de contundencia y frases motivacionales cada día en el Cristo de la Concordia ante miles de cruceños que aplicaban aquello de la desobediencia civil acordado en un cabildo previo y al que nadie le dio demasiada bola en La Paz, como casi siempre.

Aquello prendió en el país, como no prendió la defensa civil popular del gobierno en esas fechas, y en paralelo, prendieron otras motivaciones que acabaron por hacer caer al gobierno alimentando el debate del “golpe” y el “fraude” que poco a poco se ha ido perdiendo en el debate por la fuerza de los hechos: dos de los más altos mandos militares del momento, que han consagrado su vida al honor, han decidido declararse culpables, entre otras cosas, de “asociación delictuosa” por los hechos de esos días: El general Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea, y el almirante Palmiro Jarjury, excomandante del Ejército.

Alegan, eso sí, asuntos familiares para aceptar una condena que mancha su historial de servicio a la Patria, lo que viene a legitimar el relato del Golpe de Estado poniendo fin a ese mismo debate.

Cabe preguntarse en este punto qué clase de Fuerzas Armadas estamos sosteniendo en este país si sus más altos comandantes son capaces de aceptar cualquier cargo para salir de prisión.

 


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