La memoria del 20 de octubre
No respetar las disposiciones constitucionales suele tener consecuencias nefastas para los países
La política es una sucesión de acciones y reacciones, una cadena interminable de consecuencias que desencadenan determinados actos. Quienes toman las decisiones son los políticos, que en genérico son personas que han sentido la voluntad de servir a los otros y contribuir a la construcción de un mundo mejor, cada uno desde sus principios, que pueden estar más o menos alejados y que pueden priorizar los intereses de unos por sobre los de los otros, pero que siempre deben estar enmarcados en el mismo texto: La Constitución Política del Estado.
La Constitución Política de cada Estado es el marco de juego en tanto son los propios ciudadanos a través de los mecanismos dispuestos en el mismo texto los que han definido cada uno de sus artículos, y es ese ejercicio el que le confiere el poder absoluto.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, más allá de su retórica, consagra los principios fundamentales de cualquier democracia liberal: la separación de poderes, elecciones multipartidarias, estado de derecho y economía de mercado entre otros. Respetar la Constitución es el elemento central, y eso es lo que se puso en riesgo en las elecciones de 2019.
La posición de El País siempre estuvo del lado de la Constitución, pero sí advertimos que quien quisiera plantear un cambio de modelo debía derrotar al Movimiento Al Socialismo en las ánforas
Precisamente la Constitución marca los mecanismos necesarios para su modificación y también las instancias necesarias para su interpretación. Es públicamente asumido que en las elección es de 2014 se violó por primera vez la joven Constitución al violar una de las disposiciones transitorias que establecía que se computaban los mandatos inmediatamente anteriores a la promulgación del nuevo texto a la hora de contabilizar la limitación de mandatos. Entonces fue una interpretación libre del Tribunal que apenas tuvo contestación política ni popular, pues el MAS atravesaba uno de sus mejores momentos tras haber liquidado a la oposición en las regiones y gozar de altos ingresos derivados del mercado internacional de recursos naturales.
Aquel peligroso precedente alimentó precisamente la reincidencia: ni bien empezó el nuevo periodo, los operadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) empezaron a alimentar el debate para saltarse las disposiciones constitucionales de la limitación de mandatos, lo que se concretó en el referéndum del 21 de febrero de 2016, apenas 13 meses después de tomar posesión y con el triple de tiempo por delante.
La solución del referéndum fue impecable, más cuando además sólo se pedía permiso extraordinario para dos personas – Evo Morales y Álvaro García Linera – y no se planteaba, por tanto, modificar el espíritu de la limitación de mandatos, que en este caso es sustancial. No se trataba de dejar la decisión plena en manos de los ciudadanos, como pasa en otras democracias de la vieja Europa, sino de una excepcionalidad. Haberlo hecho extensible a otros alcaldes y gobernadores tal vez hubiera dado otro resultado, pero lo cierto es que el MAS perdió ese referéndum.
Todo lo que vino después supuso un tránsito peligroso por el extremismo, negando la cualidad del voto, la vigencia constitucional y otros aspectos que colocar a parte del MAS en tesis fascistas, y que desembocó en la artera artimaña del “derecho humano” a la reelección abrogando de facto la limitación de mandatos con una resolución de un Tribunal Constitucional especialmente débil.
La posición de El País siempre estuvo del lado de la Constitución, pero sí advertimos que quien quisiera plantear un cambio de modelo debía derrotar al Movimiento Al Socialismo en las ánforas y no extrapolar el resultado del referéndum, pues nunca existió una enmienda a la totalidad, sino a la candidatura ilegal de Morales.
Lamentablemente, el peor conteo electoral de la historia evitó comprobar esta teoría, y la ambición de un gobierno provisional con afán totalitario en medio de una crisis pandémica sin precedentes, lo propio en la reválida de 2020. Ojalá la futura elección de 2025 sirva precisamente para ordenar estos principios.
