Tariquía y la ambición de YPFB
Si el proyecto de industrialización pasó a la historia y los mercados se cierran ¿para qué quiere YPFB ingresar a la reserva natural?
La incertidumbre no ayuda. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decidió reincorporar al Plan de Reactivación de los Hidrocarburos el proyecto de San Telmo Norte – dentro de la Reserva Natural de Tariquía - en este 2023, un proyecto que había quedado estratégicamente fuera del mismo plan en su presentación original en 2021.
El proyecto llevaba paralizado desde 2019, luego de que en 2018 se dieran varias movilizaciones a nivel departamental en Tarija y que esto tuviera impacto en el contexto nacional y particularmente en la generación urbana más joven, un nicho electoral en el que el MAS tiene dificultades, por lo que no le convenía acabar de dinamitar su discurso de partido pachamamista, al menos formalmente.
Fueron entonces las elecciones, y no el convencimiento de la peligrosidad de un proyecto petrolero en el corazón de una reserva natural lo que detuvo la exploración en 2019
Fueron entonces las elecciones, y no el convencimiento de la peligrosidad de un proyecto petrolero en el corazón de una reserva natural e hídrica clave para el funcionamiento del valle central e importante para el cono sur, las que hicieron que ese proyecto se detuviera. El asunto era evidente, pues los contratos nunca desaparecieron, sino que se mantuvieron en stand by, incluso en el gobierno de Jeanine Áñez a pesar de que su ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, había hecho campaña criticando esa inversión y defendiendo Tariquía.
El truco estaba en la cláusula 27, que establece la “Fuerza Mayor” para detener ese proyecto sin que ninguna de las partes asuma responsabilidades, sobre todo económicas, y que desde entonces no se ha desatascado, lo que hace presumir que existen entonces otras condiciones que desaconsejan esa inversión, como las que se defienden editorialmente en este diario, que finalmente están siendo valoradas por el operador y el contratista.
La Fuerza Mayor a la que se apela no deja de ser una movilización popular que sobre el terreno es minoritaria (o al menos lo era en 2018) y que tiene solo una forma de enfrentarla: a través de la consulta previa, libre e informada, acompañada por el Tribunal Electoral. La consulta es imprescindible para el licenciamiento ambiental, que Petrobras dice está buscando.
Es normal que la gente de Chiquiacá y del cantón de Tariquía, más al sur y por donde el área también transcurre, se lo piense: al este tienen la fallida experiencia de Boyuy, que es reciente, pero también una historia interminable de pasivos ambientales que han contaminado aguas y tierras por años; al noroeste está la experiencia de momento fallida de Huacareta; y al norte está Margarita, el campo más exitoso y seguramente más extenuado, que no ha cambiado en nada la vida de Palos Blancos y sí la de sus valles contiguos, en proceso de asfixia por la progresiva falta de agua y de lluvia – que con seguridad no tiene que ver con los pozos ¿nove? -.
El problema de YPFB es que no dice para qué quiere hacer las cosas, que el proyecto de industrialización pasó a la historia y que abrir mercados es complicado pese al indulto mundial al gas natural, por lo que poner en riesgo paraísos naturales simplemente por la necesidad de rebañar la olla – en este caso, los ductos – no parece ser un negocio atractivo para los locales a los que al fin y al cabo se les viene prometiendo años un cambio que nunca llega.
Seguramente YPFB logrará establecer un plan. Pronto. Tal vez innovador y sostenible y no de urgencias y agobios. O simplemente se sentará a ver qué pasa con el litio.
