El pacto fiscal y el fiasco autonómico
El actual diseño deja a las gobernaciones la posibilidad de gestionar algunos asuntos, siempre y cuando haya dinero disponible, sino se reduce a extender la mano para solicitar concurrentes
Por más o menos que se alargue el debate sobre el salario de los políticos, el número de representantes y los beneficios de cada uno de ellos, que sin duda son asuntos que hay que revisar y actualizar, el asunto no deja de ser una pequeña mancha en un mar enorme: el diseño institucional del país ha resultado fallido y eso requiere la atención necesaria.
El departamento de Tarija es el vivo ejemplo de una política demencial. Hace veinte años los recursos iban en aumento gracias a los hallazgos petroleros de los 80 y aquello acabó por resultar decisivo en la lucha por la descentralización, que tomó forma de lucha por la autonomía. Mal que bien y a pesar de todo, se logró consensuar un nuevo marco institucional dentro de una nueva Constitución Política del Estado que contemplaba la autonomía departamental como forma de gestión prioritaria.
Nunca hubo voluntad de acordar un nuevo reparto de recursos desde el año 2012
El problema vino después, primero cuando no se acabaron por definir las competencias de una forma meridianamente clara y todo acabó siendo concurrente o cualquier otro eufemismo como para que quedara claro que todos podían hacer más o menos de todo salvo algunas cuestiones específicas de seguridad, por ejemplo.
La trampa final vino con la Ley Marco de Autonomías que puso candados a casi todas las decisiones autónomas en nombre de la estabilidad presupuestaria, pero, además, nunca se cumplió con la premisa de llegar a un nuevo Pacto Fiscal seis meses después de que se conocieran los datos del Censo de Población y Vivienda que debía realizarse en 2011 y que al final sus resultados se conocieron casi en 2014.
Nunca hubo voluntad de acordar un nuevo reparto de recursos: Primero se dieron muchas vueltas a la convocatoria, luego se pasó buena parte del tiempo definiendo obviedades, después se señalaron potenciales ingresos en forma de impuestos a los que las diferentes entidades territoriales podían optar y, finalmente, se cerró todo sin llegar a un acuerdo sobre el reparto de recursos de coparticipación, que son básicamente los más estables del país.
El actual diseño deja a las gobernaciones la posibilidad de gestionar algunos asuntos, siempre y cuando haya dinero disponible, pues de lo contrario, la autonomía de unos y otros se reduce a extender la mano para solicitar proyectos concurrentes, muchas veces ni siquiera coherentes con el objetivo de cada uno.
Tarija lleva prácticamente una década en crisis, aunque recién haya empezado a crecer después de siete años destruyendo PIB. Es el resultado de otros ocho años de gestión onerosa y esperpéntica, donde primero se quiso rivalizar con el gobierno central en lo fastuoso de ciertas obras y después, pagar hasta la última voluntad para tener opciones de reelección democrática.
El problema es que al final, todos estos caprichos y enfrentamientos los acaban pagando los ciudadanos, que ni comen política ni se enferman como estrategia electoral. Es urgente que Bolivia alcance un nuevo Pacto Fiscal en los plazos comprometidos por el presidente Luis Arce durante el conflicto del censo. No olvidar esos compromisos es tarea de todos.
