Boyuy somos todos
Pese a que Repsol había informado de que el proyecto era inviable, el Ministerio instó a continuar asumiendo los gastos, lo que es contario a la norma
Ha tenido que ser una entrevista en el canal oficial del Gobierno y la difusión en su periódico la manera en la que nos enteremos de qué pasó de verdad con el fiasco del pozo Boyuy X2.
Es verdad que todo está enmarcado en la lucha intestina entre el sector arcista y el evista por el control del Movimiento Al Socialismo (MAS) en general y, en el caso particular, en la lucha por el relato del éxito y el fracaso en la materia hidrocarburífera donde unos se echan la culpa a los otros, pero la revelación exige que se tomen medidas.
El ministro de Hidrocarburos Franklin Molina ha sido meridianamente claro al señalar que el pozo Boyuy X2 se pagó con cargo a los costos recuperables, que al final asume Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en ultima instancia, el Tesoro General de la Nación que es la víctima en este caso.
La cuestión es que la broma le costó al erario público 126 millones de dólares, que se dice pronto
La historia del pozo Boyuy X2 es larga, pero sustanciosa. Ha dado pie a múltiples memes y a la leyenda “del mar de gas” que acompañó al entonces ministro de Hidrocarburos hasta el final de sus días en el cargo. Se trataba de una exploración nueva en un área vieja, la de Caipipendi, que es básicamente la de Margarita. El lugar se ubicó mucho más cerca de Caraparí en este caso y no se sabe si fue antes el huevo o la gallina, pero el procedimiento encajaba a la perfección con lo que se pedía para aplicar la Ley de Incentivos dotado con el 12 del IDH confiscado a los municipios, gobernaciones y universidades.
El operativo arrancó en 2016, pero no fue hasta finales de 2018 que se empezaron a tener noticias más o menos preocupantes. Todo el mundo sabe – porque eso dicen los “expertos” – que la tarea de exploración es delicada y que hasta que no se está dentro, no se sabe de verdad qué se puede encontrar en el subsuelo. La cuestión es que a los 4.500 ya sonaron las alarmas del mal camino, pero hoy sabemos que fue el Ministerio de Hidrocarburos el que insistió en continuar. El taladro se extendió en su totalidad, es decir, 8.000 metros convirtiendo el agujero en el más profundo del continente, pero resultó improductivo.
La norma dice que las actividades de exploración las aborda la empresa asociada, que asume el riesgo en caso de fracaso, y a quien se le pagan todos los gastos en el caso de éxito. Es una actividad de riesgo, pero ese es el mecanismo al que se agarran aquellos que nunca quieren que Bolivia haga nada. Es por eso por lo que dicen que YPFB no puede hacer la exploración directa y esperamos cruzados de brazos a que venga alguien a solucionarnos las urgencias.
La cuestión es que la broma le costó al erario público 126 millones de dólares, que se dice pronto, por lo que como mínimo se deberá investigar en qué condiciones se tomaron las decisiones, qué información disponía la contraparte boliviana para determinar que se continuara y qué objetivos se pretendían alcanzar continuando un trabajo que se advertía nuño.
Después habrá que reflexionar si tiene sentido mantener este tipo de premisas, mantener a YPFB al margen del negocio real mientras otros toman decisiones que nos cuestan tanto. Pero eso es después.
