Contexto para pactos de Estado

No es probable que el acuerdo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para llevar adelante las elecciones judiciales inaugure una nueva etapa de diálogo y consenso en el hemiciclo, ni tampoco una temporada donde prime el pacto para resolver los problemas del país, pero sería lindo imaginarlo.

Bolivia necesita avanzar en una serie de asuntos clave que en muchos exigen decisiones políticas controvertidas. El miedo a tomar esas decisiones es lo que las traba, porque evidentemente por un lado supone renunciar a parte del relato político y por otro lado, siempre habrá perjudicados que amenazan electoralmente a quien pone en marcha esos planes. En cualquier caso, el país los necesita.

El más urgente es el pacto por la Educación. La Ley Avelino Siñani se ha quedado corta para los desafíos educativos del siglo XXI. Ensanchar la base no es suficiente, Bolivia necesita capacitar mejor a sus técnicos y toda una revolución en el área universitaria, muy lejos de ser mínimamente competitiva. La pandemia ha puesto al descubierto nuestras carencias, pero además, nos hemos alejado mucho del resto de los países del entorno, por lo que tomar medidas a fondo que pongan a volar la capacidades de los estudiantes es una obligación que requiere inversión, y sobre todo, cambios en la forma de impartir la educación, algo que con seguridad no gustará en todos los estamentos.

Por otro lado, Bolivia también necesita acuerdos en el plano productivo y agrícola, pero de entre ellos destaca la necesidad de forjar un Plan Hidrológico Nacional que ponga en orden las cuencas y no solo garantice el riego en pequeñas escalas, sino que tenga una proyección a escala que permita maximizar beneficios y productividad de la tierra. Efectivamente en esto todos creen tener prioridad y escalar las acciones generará roces, pero urge.

Lo propio tiene que ver con la gestión de la energía en el país. Trazar un plan más amplio y concreto que los vagos compromisos adquiridos durante la cumbre de París hace ya casi una década es una necesidad. No se trata solo de convertir las termoeléctricas en centrales de ciclo combinado que maximizan rendimientos, sino de establecer el potencial, las fuentes primarias, las capacidades de abastecimiento y demás. Transitar hacia una energía verde es importante, pero no se podrá hacer sin el consenso necesario entre los diferentes actores de la cadena: nadie quiere que una represa imaginada acabe paralizada por no haber previsto todos sus riesgos. Y lo propio, no se trata de multiplicar inversiones en renovables sin un plan de financiación justo y sostenible.

Hay muchos más asuntos de fondo que requieren cambios, como la Policía o la gestión de Fronteras, y también otras inversiones que necesitan valor político para materializarse, como el proyecto del litio.

Todo parece apuntar que el futuro político del país será más fragmentado y quizá, aún más polarizado, por lo que avanzar en grandes acuerdos con las correlaciones actuales parece prudente. Ojalá todos los políticos involucrados pudieran estar a la altura de los desafíos que hoy por hoy exige el país.