La trampa de la Ley de Incentivos

Cuando los recursos empezaron a faltar y las petroleras se dieron cuenta, el ministro de turno, Luis Alberto Sánchez, se sacó de la manga un “premio” que pagaban las regiones

El futuro hidrocarburífero del país está en jaque, fundamentalmente porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está lejos de tener un plan estratégico a largo plazo para reponer y sostener reservas suficientes que justifiquen inversiones de magnitud y, a la vez, las financien. Hasta el presidente Luis Arce admite que “se ha tocado fondo”.

En tres años YPFB ha presentado dos planes de emergencia, eufemísticamente llamados “de reactivación”, que ha sumado un puñado de pozos nuevos pequeños o dispuesto algunos antiguos en recuperación secundaria, pero el volumen incorporado es prácticamente simbólico, por lo que el ente ha optado por seguir vulnerando la normativa que le exige a publicar su certificación de reservas de forma anual de la misma forma que han hecho todos sus antecesores.

Esta YPFB es todavía más chata, sin horizonte ni inversión más allá de administrar los cuatro ductos que quedan y rebañar los últimos megacampos

Sin reservas, no hay proyectos ambiciosos, y sin proyectos ambiciosos, tampoco hay inversión en nuevas exploraciones, porque para qué. En algún momento se juntaron la posibilidad de tener dos grandes complejos petroquímicos funcionando: uno en Yacuiba en torno al plástico y otro en Chimoré en torno a la agroindustria. Además, existía la posibilidad de unir ductos con Perú, o usar la hidrovía en asociación con Uruguay, y hasta los más optimistas confiaban en obtener una salida al mar que permitiera construir una planta de Licuefacción que llevara al mercado mundial de los barcos metaneros el gas nacional en modo GNL, que es mucho más rentable.

El motivo por el que nunca se abordaron estos proyectos u otros similares que requieren altas inversiones - y que normalmente, en todos los países del mundo, por mucha idea dominante que haya, las ha hecho el Estado -, es porque la Renta Petrolera se ha gastado sobre todo en proyectos mucho más cercanos al proselitismo que en la inversión estratégica. Eran otros tiempos…

Cuando los recursos empezaron a faltar y las petroleras se dieron cuenta de que aquello no iba a ningún lado, el ministro de turno, Luis Alberto Sánchez, tarijeño él, se sacó de la manga un decreto que creaba un Fondo de Promoción de la Exploración que básicamente incentivaba a las petroleras para cumplir más rápido sus compromisos cobrando más por cada barril en caso de éxito. Todo era perfecto salvo por el “detalle” de que el Fondo se dotaba con recursos de municipios, gobernaciones y universidades confiscando el 12% del IDH antes de su distribución. Del revuelo se sacaron palabras vagas y compromisos falsos, como una supuesta devolución que, en realidad, era teórica en base a los éxitos.

En 2020, por la pandemia, se logró algún rescate parcial, pero la Ley siguió vigente durante el gobierno Áñez y se reactivó con el de Arce. Los recursos del IDH han caído porque las exportaciones se han reducido muy significativamente, pero el Fondo sigue llenándose con recursos que nadie sabe dónde van porque ni se explica ni se pretende y nadie parece muy dispuesto a acelerar sus inversiones en Bolivia en este momento de mercado confuso y caos monetario.

El problema sigue siendo el original. Esta YPFB es todavía más chata que las anteriores. No tiene horizonte ni inversión más allá de administrar los cuatro ductos que quedan y rebañar los últimos pies cúbicos de los megacampos para vender y vender. Quien sabe si el Fondo misterioso está sirviendo para alguna otra vía de escape.


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