Los acuerdos del Gran Chaco
Forjada la paz y apagados los últimos conatos de incendio poniendo negro sobre blanco las inversiones costeadas desde el TGN departamental, lo pendiente es establecer una agenda común
La relación entre la administración departamental de Tarija y la administración de la autonomía regional del Chaco atraviesa un momento de oportunidad. Después de años de tensiones y roces, alimentados mutuamente desde el valle y desde el Chaco con el único objetivo de sacar rédito político y electoral, las aguas se han venido calmando como se debe: haciendo cuentas claras.
La Ley del 45 por ciento sigue vigente y las voces que la cuestionaban se han ido apagando. El Chaco es una de las regiones históricamente más abandonadas del país. Un olvido del que apenas salió gracias a los ingentes recursos encontrados en sus entrañas. La inmensa mayoría de sus caminos, sus infraestructuras eléctricas e incluso las sanitarias fueron impulsadas no por la necesidad vital de sus habitantes sino por las de las petroleras que allí se instalaban.
A los de uno y otro lado les convenía dibujar fantasmas y enemigos para ganar lealtades a su lado. No pasa lo mismo con los gobernadores
En el plano local, el Chaco representa casi la mitad del territorio y mas del 40% de la población – aunque el porcentaje ha bajado en los últimos años – y el acuerdo gestado ya en los 90 con las luchas por la descentralización constituyó una suerte de Pacto Fiscal interno: el 45 por ciento de las regalías departamentales iría a parar a la entonces provincia chaqueña que poco a poco fue perfeccionando mecanismos para que la inversión llegara directamente a sus cuentas.
Uno de aquellos fue precisamente la constitución de la Autonomía Regional y su inclusión dentro del armazón constitucional y del Estatuto Departamental. En la teoría suponía un punto intermedio entre no seguir siendo una provincia que siguiera los dictados del poder centralista departamental pero tampoco llegar a ser un departamento. Se le llamó Autonomía Regional y se aseguró que les llegarían recursos de regalías y que se podrían tomar las decisiones de planificación pertinentes con los mismos sin contar con nadie, y aunque unos años después casi nadie está conforme con el resultado, porque en realidad es la suma de tres municipios con recursos propios que no hacen al común, remediarlo ya es una cuestión propia.
La pugna siempre fue electoral y, más que nada, entre alcaldes. A los de uno y otro lado les convenía dibujar fantasmas y enemigos para ganar lealtades a su lado. No pasa lo mismo con los gobernadores, que deben andar con tiento, más ahora que, una vez reducida la producción en la provincia chaqueña y con proyectos en otras, hay quien quiere revisar el Pacto Fiscal que apenas se ha encauzado.
Forjada la paz con la nueva institucionalidad y acallados los últimos conatos de incendio poniendo negro sobre blanco las inversiones costeadas desde el TGN departamental, lo pendiente es establecer ahora los caminos necesarios para garantizar el encuentro y la comunicación. Para seguir teniendo proyectos conjuntos que unan y no que separen. Impulsarlo es vital y no solo desde el punto de vista electoral: el departamento más pequeño de Bolivia y con apenas un 5% de la población necesita tener fortalezas a las que aferrarse, de lo contrario, seríamos cada vez más vulnerables.
