La sangría minera
La minería cooperativista puede tener impactos negativos en el medio ambiente y en la salud de los trabajadores mientras drena las finanzas estatales
Más allá de la disputa política concreta y de las diferentes posiciones adoptadas por las bancadas, la Ley del Oro no va a servir para ordenar uno de los sectores más dolosos para la economía boliviana, el de las cooperativas mineras.
La minería cooperativista es una actividad económica que se lleva a cabo en algunos países sudamericanos andinos, principalmente Bolivia y Perú, en la que los mineros trabajan en pequeñas cooperativas y utilizan técnicas de extracción artesanales que, por lo general, camuflan dependencias directas con poderosas transnacionales por una sola razón: eludir impuestos y otras obligaciones empresariales, fundamentalmente las laborales.
El asunto es discutido. Por un lado, hay quien defiende que la minería cooperativista puede generar ingresos para el Estado a través de la recaudación de impuestos y regalías sujetas a la explotación de los recursos naturales que pueden ser significativos y contribuir al presupuesto del Estado, especialmente en épocas de bonanza, mientras que por otro lado se advierte que la minería cooperativista también puede generar evasión fiscal y contrabando. Debido a la informalidad de la actividad, muchas cooperativas no pagan los impuestos correspondientes o los evaden a través de la venta ilegal de minerales. En Bolivia fundamentalmente se da esto, en demasiadas ocasiones, con connivencia del Estado.
Ser alegal tienen otros impactos: la minería cooperativista puede tener impactos negativos en el medio ambiente y en la salud de los trabajadores, ya que, debido a la falta de regulación y supervisión, las cooperativas pueden utilizar técnicas de extracción que generan contaminación y degradación ambiental. También pueden poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, ya que no cumplen con las normas de seguridad y salud ocupacional.
Hasta el momento no se han visto intenciones reales por parte de ningún gobierno de poner el cascabel al gato en este asunto. Al contrario, mirar hacia otro lado ha sido costumbre, incluso con consecuencias dramáticas en tanto al enfrentamiento con los cooperativistas suelen quedar en nada incluso cuando median cadáveres de inocentes.
Después de años de dependencia del gas y el petróleo, las reservas se tambalean y el país necesita nuevos recursos financieros para sostener un aparato que agoniza, mientras que la minería sigue generando altos recursos sin haber aportado al país en la medida de los ingresos reales.
No se trata de enfocar ahora las ambiciones en el litio si no de actualizar un marco institucional de explotación que realmente cumpla la definición de regalías, que no es otra cosa que compensar daños y ayudar a plantear alternativas ante lo que se sabe son recursos no renovables. Tarija y su dependencia del gas sirve como ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Ojalá todos aprendamos de los errores.
