Soberanía, fracking y YPFB

El Gobierno ha empezado a escuchar los cantos de sirena para modificar la Ley de Hidrocarburos. En unas declaraciones llenas de eufemismos, cualquiera pudiera identificar que el plan último es encontrar nuevas formas de relación con las transnacionales para sortear con mucho cuidado las exigencias constitucionales y del decreto de nacionalización sobre el reparto de utilidades que, aparentemente, tanto han limitado la inversión extranjera y la asociación soberana.

No es la primera vez que se implementan medidas en este sentido ni que se cede en aspectos centrales de la política nacional del MAS para dar contento a las ambiciones transnacionales. El exministro Luis Alberto Sánchez constituyó el Fondo de Incentivos Petroleros con recursos del IDH de las regiones para pagar más a las empresas que exploraran más rápido, y él también encontró una fórmula para eludir las restricciones ambientales e ingresar en las reservas protegidas.

Nada de esto ha funcionado en parte porque el sector estaba en la incertidumbre – ahora ya se sabe que el gas tiene vía libre para existir al margen de los acuerdos de París -, pero también la ineficiencia de una inversión tradicional frente a las nuevas fórmulas no convencionales que, sin embargo, se han explorado poco en el país aunque en los últimos años ha logrado desprenderse de algunos de los estigmas que la acompañan desde su puesta en marcha.

La exploración petrolera no convencional, también conocida como fracking, ha cambiado la forma en que se extrae el petróleo y el gas natural. Anteriormente, la mayoría de los pozos de petróleo y gas se encontraban en formaciones rocosas convencionales, lo que significaba que el petróleo y el gas se encontraban en depósitos grandes y relativamente fáciles de acceder.

Con el fracking, las empresas pueden extraer petróleo y gas de formaciones rocosas no convencionales, que son depósitos pequeños y dispersos que se encuentran en capas de roca más profundas. Para extraer el petróleo y el gas de estas formaciones, se utiliza un proceso que involucra la inyección de grandes cantidades de agua, arena y productos químicos en la roca para fracturarla y liberar el petróleo y el gas.

El impacto ambiental del fracking ha sido objeto de debate. Por un lado, esta técnica ha llevado a un auge en la producción de petróleo y gas, lo que ha tenido un impacto económico positivo en las áreas donde se ha implementado, como en el este de Estados Unidos o en Vaca Muerta (Argentina). Sin embargo, la técnica genera reservas porque la inyección de grandes cantidades de agua y productos químicos en la roca puede contaminar los acuíferos subterráneos y el agua potable.

Es posible que YPFB no quiera llevar demasiado lejos este debate, por lo que no necesariamente debe buscársele un espacio en la Ley de Hidrocarburos, pero es evidente que es de las ideas que se barajan para “atraer” a las transnacionales, ya que las inversiones son más eficientes y garantizadas.

YPFB debe liderar y hablarle al país pensando siempre en la soberanía nacional y no en los cálculos de corto plazo. Veremos hasta dónde es capaz de llegar.