Pensiones soberanas
Que apenas el 5% de los ahorros jubilatorios se dediquen a inversiones productivas y que las pensiones se calculen con una esperanza de vida de 110 años son temas que los gobiernos del MAS han permitido
Desconfiar en la administración de un Fondo tan poderoso como el que constituyen los aportes de todos los bolivianos es legítimo y sin duda, el administrador debe esforzarse por transparentar todas las fases del proceso para arrinconar cualquier sospecha de duda. Ponerse en apronte es incrementar la seguridad y por ello, toda movilización es hasta ahora positiva.
Lo que no está claro es que esa desconfianza esté realmente sustentada en criterios técnicos y no en intereses políticos y emociones populistas siempre a flor de piel para tergiversar y boicotear cualquier proyecto. Especialmente cuando se trata de proyectos de interés nacional y perfil soberano.
Hace más de una década que se determinó esta nacionalización de las pensiones y en todo este tiempo no se ha logrado culminar por diferentes factores. Casi siempre técnicos no exentos de boicot, de miedos y de estas taras culturales que impiden a Bolivia ejercer su soberanía: No hay en el mundo OCDE (el de los países más desarrollados del planeta) un solo sistema 100 por cien privatizado y todos los grandes países de Europa sostienen un sistema 100% público.
Es evidente que los 23.000 millones de dólares que van a ser administrados por la Gestora Pública de Pensiones constituye el mayor fondo de inversión del país, pero ya lo constituye hoy. Esos fondos no son de libre disponibilidad por parte de las empresas gestoras, que básicamente se garantizan un jugoso dividendo por la gestión de unos fondos que están sustancialmente limitados por la normativa heredada de la privatización del sistema con Gonzalo Sánchez de Lozada en los 90.
Los reportes son específicos: La inmensa mayoría de los recursos de la jubilación de los trabajadores están invertidos en el Tesoro General de la Nación o en el sistema financiero nacional, que toma forma de SAFI o fondos cerrados y que abusan de la endogamia a la hora de invertir. En general, los destinos finales son otros bancos, demasiadas veces en el extranjero o empresas transnacionales que llegan a Bolivia a funcionar con dinero de los bolivianos. Apenas un 5% de los recursos de las AFP están invertidos en empresas productivas, y eso, a la larga, marca la diferencia con los otros países donde los recursos de la jubilación funcionan como palanca de desarrollo.
Además, los réditos de los aportantes son, cuando menos, pequeños. Las pensiones jubilatorias que se alcanzan de acuerdo a los métodos de cálculo vigente son minúsculas, básicamente porque se emplea un coeficiente de cálculo con la esperanza de vida irracionalmente alta: 110 años.
Todo esto ha sucedido con una gestión privada de los fondos de pensiones básicamente porque los gobiernos del MAS lo han permitido con una normativa legal poco acorde a los discursos soberanistas que se declamaban. Tantas veces se ha insistido en que no va a cambiar nada con el paso a la Gestora Pública que preocupa.
El Estado va a garantizar las pensiones de sus aportantes, pero lo fundamental es que las jubilaciones sean mejores y, además, estos recursos ayuden al país. Con toda la transparencia, con toda la participación, y con toda la soberanía.
