El censo y la terquedad
El Censo debía realizarse este mes de noviembre y se aplazó dos años en una reunión en la que nadie acabó de entender bien el razonamiento de por qué
A medida que se van consumiendo los meses queda más en evidencia que no habrá censo en 2023, menos ahora que la fecha se ha convertido en un instrumento de pelea política. Ya nadie atiende a razones de por qué es conveniente hacerlo antes y por qué es mejor dejarlo para 2024, simplemente es un tema de trincheras.
Más que la fecha de realización, lo que realmente debería preocupar es la fecha en la que se va a hacer público el resultado. Nadie quiere un censo contaminado por los intereses preelectorales ni que las lecturas de los datos del instrumento más importante para la gestión pública, distribuidos en mitad de la campaña, se conviertan en armas arrojadizas y meras consignas. Sin embargo, tal como avanza el conflicto, parece que ya no saldremos de ese pulso.
En algunos casos, con lectura simple, parece que la importancia del censo tenga que ver con el número: saber cuántos somos en cada lugar y de ahí, repartir los recursos “equitativamente”, entre comillas, porque tomar el criterio poblacional no es precisamente lo que garantiza la equidad, sobre todo en un país tan inmenso y tan poco poblado como el nuestro.
Si alguien quería resolver las docenas de líos territoriales que existen en el país y que la mayoría de los alcaldes resucitan cuando tienen problemas de otra índole, ya va tarde
Lo evidente es que los resultados del censo derriban cualquier relato interesado. Uno puede pasar años proclamando las bonanzas del país y describiendo un supuesto desarrollo homogéneo, y cuando se levantan los datos en profundidad, se evidencia que la realidad es otra cosa del discurso, que las viviendas siguen siendo infraviviendas, que el agua potable no ha llegado donde tenía que llegar, que las familias viven hacinadas porque los más jóvenes no pueden pagar su propia vivienda y que las ciudades han crecido sin mayor sentido que el de las apetencias personales de unos cuantos.
El Censo debía realizarse este mes de noviembre y se aplazó dos años en una reunión en la que participaron la mayor parte de gobernadores y alcaldes y nadie acabó de entender bien el razonamiento de por qué tanto tiempo de espera. Hasta hoy no se entiende. Si alguien quería resolver las docenas de líos territoriales que existen en el país y que la mayoría de los alcaldes resucitan cuando tienen problemas de otra índole (rollo mar con Chile), ya alguien debería haber empezado con esa titánica misión, pero es presumible que no se hará.
Mientras, el gobernador de Santa Cruz tiene razón en tanto su departamento es el que más crece pero sus recursos no se están ajustando de la forma pertinente para brindar respuestas a todas las necesidades. Sin embargo, no se entiende que no participara de aquella misma reunión para expresar sus percepciones ni haga más fuerza para coordinar con el resto de departamentos e instituciones que pueden buscar soluciones por la vía del diálogo y no del choque.
Bolivia necesita un censo y hay que hacerlo bien, y también lo más rápido posible. Es difícil creer que en algún momento se pensó que iba a ser posible hacerlo en noviembre 2022 y ahora no sea posible hacerlo hasta bien entrado el 2024. Hay que buscar posiciones intermedias y sobre todo, hay que rebajar tensiones, que hoy por hoy son infinidad en el país y no le benefician en nada.
