La adenda “confidencial” de YPFB y Petrobras
La ampliación del contrato de exportación de gas pactado con Brasil en marzo cambió aspectos sustanciales de la relación comercial, pero sigue sin ser público en su totalidad y solo se revelan escándalos
La octava adenda al contrato GSA, de exportación de gas natural a Brasil, sigue siendo un misterio cinco meses después de que las autoridades del momento las firmaran. La información que se conoce apenas ha sido dada a conocer mediante comunicados, y algunas luego de haberse destapado el escándalo, como aquellos artículos que develan que YPFB concedió cambiar el punto de entrega de Río Grande al Mutún, lo que supone asumir unos 80 millones de dólares de gastos de transporte.
Cuando el ministro de Hidrocarburos presentó la nueva adenda, tal como hubiera hecho su antecesor, Luis Alberto Sánchez, muy amigo del exitismo, lo hizo como una gran noticia haciendo cálculos a groso modo sobre los muchos millones que la ampliación del contrato iba a dejar a Bolivia.
Lo cierto es que la adenda responde a una necesidad coyuntural que el momento político permitió, lo que no significa que eso sea favorable para Bolivia. El contrato GSA, tras 20 años de servicio, llegó a su fecha de expiración estimada en 2019. La revisión de las cláusulas y entregas evidenció que faltaban por entregar algo más de dos trillones de pies cúbicos (TCF). El anterior Gobierno, el del Ministro Sánchez, había dado prácticamente por perdido esa ampliación y se encomendaba a participar del mercado interno brasilero con empresas privadas aprovechando el ducto; el actual “logró” ampliar el contrato con nuevas cláusulas.
Los volúmenes obligatorios de compra de gas por parte de Brasil bajaron de 30 máximos y 24 mínimos a 20 y 14 respectivamente.
De lo poco que explicó Zamora en su momento es que la fórmula del cálculo del precio se mantenía, es decir, sigue ligada a la cotización del barril de petróleo WTI que cotiza en la bolsa de Nueva York y sobre el que hay nula capacidad de impacto. También indicó que se rebajaban los volúmenes obligatorios de compra por parte de Brasil, bajando de 30 máximos y 24 mínimos a 20 y 14 respectivamente.
Esta caída se acomodó a las peticiones que Brasil venía haciendo en los últimos años, si bien se mezcla también con los diferentes incumplimientos en los que incurrió YPFB. En Brasil se ha desarrollado el proyecto del Presal en aguas profundas frente a las costas de Santos – Sao Paolo, el cinturón industrial más importante del país y hasta el que hace no tanto llegaban las moléculas de gas tarijeño. Cabe señalar que el mercado brasilero está liberalizado y que el costo del gas boliviano, por ducto amortizado, se encuentra entre los precios más competitivos.
El convenio hoy sigue reservado bajo cláusulas de confidencialidad, los avatares del destino han permitido conocer que ni bien se firmó el anexo YPFB aceptó la aplicación de la fuerza mayor o causa fortuita, y después el asunto del transporte asumido por Bolivia modificando los términos del contrato original, en el que se dispuso que Brasil lo asumiera mientras se enviara todo el gas pactado y pagado. El presidente de YPFB de entonces, por cierto, fue apartado sindicado de otros delitos por el mismo Ministro Zamora.
El Gobierno transitorio, cuya unción fue determinada en una mesa de diálogo donde participó el embajador brasilero, debe transparentar de forma ineludible todo el documento de la adenda y dejarse de explicaciones sesgadas y tendenciosas.
