Murillo, el abuso de poder y una explicación pendiente
El último capítulo de la novela en la que se ha convertido la compra de los 170 respiradores ha acabado con el ex ministro de Salud Marcelo Navajas, el ex director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento...
El último capítulo de la novela en la que se ha convertido la compra de los 170 respiradores ha acabado con el ex ministro de Salud Marcelo Navajas, el ex director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco y el intermediario de la compra, Luis Fernando Humérez en la cárcel de San Pedro.
A todos ellos, el juez undécimo de instrucción en lo penal, Hugo Huacani, de cuyo caso nos ocuparemos más abajo, los ha considerado presumiblemente autores de la compra con sobreprecio de los 170 respiradores de origen español, ya que en la península costaban unos 8.000 dólares y en Bolivia se llegó a pagar 27.000.
La particularidad de la medida es que con la nueva aplicación del procedimiento penal, los periodos de detención preventiva tienen un plazo estipulado. Es así que el ministro Navajas tiene tres meses de reclusión cautelar y el resto seis. La intención es que en ese periodo se logre evidenciar la participación de los autores en el caso y así, proceder a una sentencia firme y no estar indefinidamente en prisión, que es el caso más habitual en las cárceles bolivianas, donde la audiencia cautelar se convierte en el verdadero juicio.
Remitir a Navajas a prisión en plena pandemia, con una enfermedad de bases y pese a los indultos, más parece responder a la instrucción de la Presidenta que al código penal
La determinación tiene numerosas aristas, primero porque el mismo nuevo código de procesamiento desaconseja la internación preventiva mientras se pueda garantizar la custodia policial, pero sobre todo porque en esta coyuntura actual de pandemia mundial por el virus del Covid y cuando el propio Gobierno ha promovido un indulto para aligerar el peligroso hacinamiento en los centros de reclusión, enviar al ex ministro de Salud al penal teniendo enfermedades de base, más parece responder a la instrucción de la Presidenta Jeanine Áñez: cárcel, que a la efectividad de la medida.
La medida cautelar dictada por el juez Hugo Huacani no puede sin embargo opacar el hecho más escandaloso que se ha vivido en este proceso, y eso que son varios los datos que se han revelado y que han generado profunda indignación en la gente.
Huacani fue apresado el viernes en La Paz, a minutos de instalar la audiencia cautelar en el Tribunal Departamental de Justicia contra Navajas y el resto de involucrados. Finalmente fue liberado en la madrugada tras una Acción de Libertad en la que se evidencia que un policía no puede detener a un juez sin flagrancia, ni orden de aprehensión fiscal ni siquiera intervención del Ministerio de Justicia, como ambas instituciones han señalado.
Huacani retomó sus tareas y ha sido prudente en las declaraciones, sin querer señalar al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien es el que tiene potestad sobre el cuerpo policial. Huacani ha señalado además que al policía le acompañaba un grupo de civiles.
La simple sospecha de que el Ministerio de Gobierno haya podido interferir en la audiencia cautelar de un asunto tan delicado y que afecta al corazón del gabinete en plena campaña ganando tiempo con una detención irregular merecería una explicación contundente e inmediata. Algo que de momento no se ha producido. El tiempo corre.
A todos ellos, el juez undécimo de instrucción en lo penal, Hugo Huacani, de cuyo caso nos ocuparemos más abajo, los ha considerado presumiblemente autores de la compra con sobreprecio de los 170 respiradores de origen español, ya que en la península costaban unos 8.000 dólares y en Bolivia se llegó a pagar 27.000.
La particularidad de la medida es que con la nueva aplicación del procedimiento penal, los periodos de detención preventiva tienen un plazo estipulado. Es así que el ministro Navajas tiene tres meses de reclusión cautelar y el resto seis. La intención es que en ese periodo se logre evidenciar la participación de los autores en el caso y así, proceder a una sentencia firme y no estar indefinidamente en prisión, que es el caso más habitual en las cárceles bolivianas, donde la audiencia cautelar se convierte en el verdadero juicio.
Remitir a Navajas a prisión en plena pandemia, con una enfermedad de bases y pese a los indultos, más parece responder a la instrucción de la Presidenta que al código penal
La determinación tiene numerosas aristas, primero porque el mismo nuevo código de procesamiento desaconseja la internación preventiva mientras se pueda garantizar la custodia policial, pero sobre todo porque en esta coyuntura actual de pandemia mundial por el virus del Covid y cuando el propio Gobierno ha promovido un indulto para aligerar el peligroso hacinamiento en los centros de reclusión, enviar al ex ministro de Salud al penal teniendo enfermedades de base, más parece responder a la instrucción de la Presidenta Jeanine Áñez: cárcel, que a la efectividad de la medida.
La medida cautelar dictada por el juez Hugo Huacani no puede sin embargo opacar el hecho más escandaloso que se ha vivido en este proceso, y eso que son varios los datos que se han revelado y que han generado profunda indignación en la gente.
Huacani fue apresado el viernes en La Paz, a minutos de instalar la audiencia cautelar en el Tribunal Departamental de Justicia contra Navajas y el resto de involucrados. Finalmente fue liberado en la madrugada tras una Acción de Libertad en la que se evidencia que un policía no puede detener a un juez sin flagrancia, ni orden de aprehensión fiscal ni siquiera intervención del Ministerio de Justicia, como ambas instituciones han señalado.
Huacani retomó sus tareas y ha sido prudente en las declaraciones, sin querer señalar al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien es el que tiene potestad sobre el cuerpo policial. Huacani ha señalado además que al policía le acompañaba un grupo de civiles.
La simple sospecha de que el Ministerio de Gobierno haya podido interferir en la audiencia cautelar de un asunto tan delicado y que afecta al corazón del gabinete en plena campaña ganando tiempo con una detención irregular merecería una explicación contundente e inmediata. Algo que de momento no se ha producido. El tiempo corre.
