Todo bien, Presidenta
Tratar de acallar a los medios no es una actitud ni mucho menos patrimonio del Gobierno de Jeanine Áñez. Lo intentó Evo Morales cada vez que pudo, lo intentaron sus antecesores y lo intentan todos los gobiernos de izquierda y de derecha en todos los continentes. La técnica suele variar según...
Tratar de acallar a los medios no es una actitud ni mucho menos patrimonio del Gobierno de Jeanine Áñez. Lo intentó Evo Morales cada vez que pudo, lo intentaron sus antecesores y lo intentan todos los gobiernos de izquierda y de derecha en todos los continentes. La técnica suele variar según el tinte populista del gobierno y la fortaleza democrática de cada país. Mientras algunos gobiernos, como el de España o el de Ecuador, han buscado deliberadamente la confrontación mediática con los propios medios, exponiendo sus líneas editoriales, lo que en realidad le hace un favor a la democracia; otros han optado directamente por la asfixia económica o la criminalización, que en países opacos como Bolivia resulta por demás sencillo para los poderosos en el ejercicio de gobierno.
El 10 de mayo, día del Periodista Boliviano, luego de las protocolares felicitaciones y loas que hablan del servicio a la democracia y que son un clásico grabado en estas fechas, se aireó la precisión del Decreto Supremo 4231, que matiza dos cláusulas ya contenidas en decretos anteriores pero con una modificación importante: mientras los anteriores hablaban de “desinformación”, este habla de “información de cualquier índole”, y además precisa que no solo se refiere a la prensa escrita, sino también a la artística.
“Las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, establece el Decreto Supremo 4231 publicado el domingo y aprobado el 7 de mayo.
La estrategia médica del Gobierno no está dando resultados y ya estamos en contagio comunitario; la cuarentena precoz no ha servido para nada, y la falta de planes serios que permitieran paliar los efectos del parón más allá de las migajas, ha empujado a la gente a la calle en el momento de máximo riesgo
El ministro Yerko Núñez salió ayer a señalar que los periodistas no tenían “nada que temer”, porque evidentemente la Ley de Imprenta y el Constitución Política ampara el ejercicio de la profesión. No dijo nada de los artistas ni del resto del gremio de la expresividad subjetiva que pueden ser pasibles de denuncias si algo no acaba de caer bien.
El Gobierno se constituye en juez y parte ya no de juzgar qué es desinformar o qué es información falsa, sino de qué información genera incertidumbre y qué información no. Una atribución sin duda atentatoria contra la democracia y que sugiere la censura previa como tónica general.
No es la información lo que genera incertidumbre, sino la ausencia de ella. El trabajo de la prensa no es aplaudir, sino poner el dedo precisamente donde sale pus. Incertidumbre genera que en Yacuiba no haya camas UCI, que los resultados de las pruebas de coronavirus en Tarija tardaran una semana en llegar, que no se hagan pruebas o que los pacientes mueran más rápido y más jóvenes que el promedio mundial.
Son los poderes públicos quienes deben hacerse responsables y tomar acciones al respecto de los problemas, no de los mensajeros. En un momento complejo, en el que necesitamos claridad y capacidad ejecutiva, algunos parecen dispuestos a enredarse en conspiraciones al viejo estilo, siempre buscando un enemigo en lugar de un aliado.
La estrategia médica del Gobierno no está dando resultados y ya estamos en contagio comunitario; la cuarentena precoz no ha servido para nada, y la falta de planes serios que permitieran paliar los efectos del parón más allá de las migajas, ha empujado a la gente a la calle en el momento de máximo riesgo con un Gobierno que, además, lo justifica y alienta.
Es tiempo de ser responsables y trabajar con honestidad. Para algunos eso es decir “todo bien, Presidenta”, pero no hace tanto, Bolivia se libró de eso.
El 10 de mayo, día del Periodista Boliviano, luego de las protocolares felicitaciones y loas que hablan del servicio a la democracia y que son un clásico grabado en estas fechas, se aireó la precisión del Decreto Supremo 4231, que matiza dos cláusulas ya contenidas en decretos anteriores pero con una modificación importante: mientras los anteriores hablaban de “desinformación”, este habla de “información de cualquier índole”, y además precisa que no solo se refiere a la prensa escrita, sino también a la artística.
“Las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, establece el Decreto Supremo 4231 publicado el domingo y aprobado el 7 de mayo.
La estrategia médica del Gobierno no está dando resultados y ya estamos en contagio comunitario; la cuarentena precoz no ha servido para nada, y la falta de planes serios que permitieran paliar los efectos del parón más allá de las migajas, ha empujado a la gente a la calle en el momento de máximo riesgo
El ministro Yerko Núñez salió ayer a señalar que los periodistas no tenían “nada que temer”, porque evidentemente la Ley de Imprenta y el Constitución Política ampara el ejercicio de la profesión. No dijo nada de los artistas ni del resto del gremio de la expresividad subjetiva que pueden ser pasibles de denuncias si algo no acaba de caer bien.
El Gobierno se constituye en juez y parte ya no de juzgar qué es desinformar o qué es información falsa, sino de qué información genera incertidumbre y qué información no. Una atribución sin duda atentatoria contra la democracia y que sugiere la censura previa como tónica general.
No es la información lo que genera incertidumbre, sino la ausencia de ella. El trabajo de la prensa no es aplaudir, sino poner el dedo precisamente donde sale pus. Incertidumbre genera que en Yacuiba no haya camas UCI, que los resultados de las pruebas de coronavirus en Tarija tardaran una semana en llegar, que no se hagan pruebas o que los pacientes mueran más rápido y más jóvenes que el promedio mundial.
Son los poderes públicos quienes deben hacerse responsables y tomar acciones al respecto de los problemas, no de los mensajeros. En un momento complejo, en el que necesitamos claridad y capacidad ejecutiva, algunos parecen dispuestos a enredarse en conspiraciones al viejo estilo, siempre buscando un enemigo en lugar de un aliado.
La estrategia médica del Gobierno no está dando resultados y ya estamos en contagio comunitario; la cuarentena precoz no ha servido para nada, y la falta de planes serios que permitieran paliar los efectos del parón más allá de las migajas, ha empujado a la gente a la calle en el momento de máximo riesgo con un Gobierno que, además, lo justifica y alienta.
Es tiempo de ser responsables y trabajar con honestidad. Para algunos eso es decir “todo bien, Presidenta”, pero no hace tanto, Bolivia se libró de eso.
